A pesar de las críticas, la reforma sanitaria va

A pocas horas de su entrada en vigor, el nuevo sistema sanitario recoge respuestas positivas de parte de la población.

 

Hemos dicho en un editorial hace pocos días que el año 2007 será recordado como el año de dos reformas sustanciales: la tributaria y la de la salud.

 

Uno y otro proyecto suscitaron críticas acerbas de parte de la oposición, que se ocupó concienzudamente de anunciar catástrofes en caso de que ambas reformas resultaran aprobadas.

 

Sin embargo, la reforma impositiva ya lleva medio año de aplicación sin que se verificaran las premoniciones agoreras de la derecha. Y en lo que tiene que ver con la reforma de la salud, daría la impresión de que poco a poco la población va comprendiendo su alcance y los beneficios que traerá aparejados para todos, especialmente para los más sumergidos, los postergados de siempre.

 

Esta reforma de la salud ha introducido cambios en tres niveles: en primer lugar, en el modelo de atención a la salud, sustituyento el anterior por uno que privilegia la prevención y la promoción, en base a una estrategia de Atención Primaria en Salud con énfasis en el primer nivel de atención. En segundo lugar, en el modelo de gestión, para lo cual propicia la coordinación y complementación de servicios públicos y privados en todos los niveles. Y finalmente, en el sistema de gasto y financiamiento del sector, de modo que asegure mayor equidad, solidaridad y sustentabilidad a través de un fondo único administrado centralmente.

 

El cambio en el modelo de atención viene a combatir un vicio muy acendrado en la sociedad y a concretar una vieja aspiración: significa modificar sustancialmente el modelo de medicina curativa y sustituirlo por uno que pone el énfasis en la medicina preventiva. Supone el fomento de hábitos saludables de vida, protección frente a riesgos específicos, capacidad de diagnosticar en forma precoz las enfermedades, de administrar tratamiento eficaz y oportuno, incluyendo rehabilitación y cuidados paliativos.

 

El cambio en el modelo de gestión prevé un sistema concebido como una articulación de servicios de salud públicos y privados, integrados en forma de red, con un órgano central de gobierno –la Junta Nacional de Salud–, niveles de atención definidos e interrelacionados y niveles de administración regionales y locales.

 

En lo que respecta al cambio en el sistema de gasto y financiamiento en salud –en procura de mayor justicia distributiva– se realizará mediante la creación de un Seguro Nacional de Salud que contará con un fondo al que contribuirán tanto el Estado como las empresas privadas en forma proporcional al personal a su cargo, los trabajadores, los pasivos y quienes perciban rentas, de acuerdo con sus ingresos, además de las partidas presupuestales y extrapresupuestales que se le asignen.

Como se expresa en la exposición de motivos del proyecto, “el resultado esperado de esta reforma es que todas las personas que residan en el país accedan a la misma calidad de atención, cualquiera sea el prestador y en todos los niveles, sin duplicación de servicios y sin las enormes erogaciones que serían necesarias para poner en pie a los subsectores público y privado, hoy en situación muy diferente en cuanto a recursos, aprovechando la capacidad instalada de ambos y potenciando sus fortalezas”.

Ya no resuenan con tanta virulencia las críticas de la oposición y de los prestadores privados. Todos parecen haber comprendido, finalmente, que el nuevo sistema de salud promueve una mayor equidad para los usuarios sin vulnerar las expectativas del mutualismo ni de los seguros privados.