Fin de un año que marcó el fin de la impunidad

Más allá de la pertinencia de anular, derogar u otra vía idónea para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, la verdad y la justicia se abren paso. Es precisamente lo que trataron de impedir –y lo lograron durante un buen tiempo– los gobiernos democráticos desde 1985 en adelante, mediante interpretaciones torcidas de la propia ley.

Hoy, las cosas ya no son como antes. La administración actual está borrando veinte años de compromisos y complicidad con los terroristas de Estado. Está barriendo el oprobio de una impunidad que nos llenó de vergüenza y que empaña trágicamente la luminosidad de la vigencia del estado de derecho.

Este fin de año nos encuentra celebrando el fin de la impunidad nada menos que para el dictador emblemático, el general Alvarez, recluido en una cárcel especial. También están procesados con prisión Bordaberry y Blanco, otras dos figuras paradigmáticas del régimen de terror que vivimos durante 12 años. Y en la cárcel especial donde se aloja Alvarez, le hacen compañía varios notorios ejecutores de la más brutal represión contra el pueblo.

Hay que reconocer que fue durante el gobierno del doctor Jorge Batlle que se produjeron hechos inéditos hasta entonces que lo diferenciaron notoriamente de sus antecesores –Sanguinetti y Lacalle–, caracterizados precisamente por su obstinada postura a favor de la impunidad, del silencio y del olvido. Bajo la administración del doctor Batlle se dio un primer paso de enorme trascendencia en el camino hacia la verdad. La Comisión para la Paz, si bien su gestión no colmó las expectativas de la sociedad, permitió avanzar en el terreno escabroso de la verdad sobre los horrores del terrorismo de Estado. Por primera vez, desde el gobierno nacional se reconocía oficialmente la existencia de crímenes abyectos y se realizaban gestiones para saber cómo, dónde y cuándo se habían perpetrado tales delitos de lesa humanidad. Por diversas razones, el trabajo de la Comisión dio frutos escasos pero su instalación significó un cambio de rumbo de innegable trascendencia.

Con la asunción del gobierno actual, el vuelco fue radical. El Ejecutivo dio luz verde para investigar y para que se hiciera justicia. No ejerció presión alguna sobre los magistrados judiciales y fiscales, quienes actuaron en un todo de acuerdo con las normas, respetando el debido proceso y garantizando los derechos de los procesados.

Desde luego que la prisión de Alvarez no implica un punto final, ni un dar vuelta la página. Por más satisfacción que cause ver al tirano entre rejas, la sociedad toda espera que ese hecho sea el primer paso hacia el juzgamiento de todos los esbirros, torturadores, asesinos.

Y conste que no se trata de venganza, como muchos pretenden hacer aparecer estas acciones judiciales contra terroristas de Estado. De lo que se trata es de hacer justicia y de que la impunidad llegue a su fin.