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Deccon es la sigla que caracteriza a ese oportuno conglomerado institucional de ciudadanos.

Que en un país caracterizado por sus desorbitados precios –la ciudad de Montevideo es más cara que algunas ciudades del Primer Mundo– es un elemento de diaria necesidad. La Ley de Defensa del Consumidor, recién aprobada, debe ser perfeccionada en la práctica constantemente con agregados y derivados.

La institución pretende presentar, al presidente de la República, una propuesta: la de que los consumidores puedan participar en el proceso de fijación de precios de las tarifas públicas.

Es que se considera que las tarifas se han transformado en una manera de obtener recursos extrapresupuestales, y ese Movimiento de Consumidores «está maduro para participar en decisiones»; y les cabe.

No está fuera de lugar la iniciativa, y está bien situado el ex diputado Barandiaran, que orienta a esta ONG de consumidores.