Balance económico y agenda política

Si uno toma los números del balance nacional de la economía y los contextualiza a lo que está sucediendo en el resto de América Latina y el mundo, aquellas sorpresas iniciales adquieren una magnitud capaz de elevar la presión arterial de cualquier observador independizado del juego político menor. Uruguay se ha instalado en un área en la cual muy pocos países están siendo visualizados como «emergentes de alto potencial y riesgo especulativo». ¿Qué supone esto? Que este país pudiera mantener crecimientos cercanos al de los países asiáticos, con características sociales y de institucionalidad política que multiplican su potencial de cambio en relación al de aquellas naciones y, que a la vez, expone aún fragilidades notorias. Estas fragilidades no son exclusivamente su ratio de deuda o de dependencia energética, sino aspectos de su conformación institucional que deben ser enfrentados pero que en general son costosos y muy difíciles de implementar. Estos tiene que ver con la comprensión y legitimación social y política de nuevas relaciones entre el quehacer público y privado; de la calidad de un Estado que ahora debe administrar complejidades y desafíos diferentes inherentes a la dialéctica de cambio instalada; de la sofisticación imprescindible de su industria financiera. O de otros vinculados con el pragmatismo que anima los negocios sanos y en torno al cual se relacionan las naciones maduras.

Esa agenda que recién comienza a ser construida, con destacada participación del presidente de la República en su diseño, obligará a esfuerzos, tolerancias y sobre todo, a una convicción profunda en el seno del gobierno que sus nuevas tareas se explican en relación a ese balance, a esa plataforma lograda y no a cualquier instancia histórica de balances exitosos. Esto es relativamente fácil de decir. Tanto como difícil es entender hasta dónde pueden llegar las dificultades políticas de su implementación práctica. Lo que viene no será igual a lo que se hizo, en ningún sentido. Y esta no es una advertencia exclusiva a la interna del gobierno sino, esencialmente, ahora, es una advertencia al resto de los variados vectores de fuentes de poder y creación de realidades. A su manera, el gobierno ha intentado explicarlo. Pero aún su discurso al respecto no es lo suficientemente claro. Como tampoco es clara la recepción del nuevo balance y las responsabilidades emergentes por parte de los actores sociales principales. A manera de ejemplo señalemos tan solo las inferencias que se desprenden de tal perspectiva para la enseñanza. El sector en el cual se juegan los aspectos más delicados de aquel potencial y también de sus riesgos. Conjuntamente con el balance, el gobierno ha informado que continuará con su estrategia de distribución de prácticamente todo el incremento de la riqueza agregada que va acumulando la economía fiel a su precepto de mejorar la cohesión social como reserva principal y blindaje de las vulnerabilidades que estima más gravitantes en su propia matriz de riesgo. De tal manera sabemos que la enseñanza tendrá en 2009 lo solicitado en los programas más ambiciosos de sus sindicatos o el de la propia Universidad. En tanto, entre 2004 y 2009 la asignación presupuestal para la enseñanza pública pasará de algo más de U$S 500 millones a algo más de U$S 1350 millones. Desde una visión comparada no hay antecedentes de este tipo de saltos en la presupuestación para la enseñanza en países con niveles de gasto e ingreso per cápita similares a los uruguayos. Ahora necesitamos conocer la agenda de los protagonistas, sus presupuestos por programa y su calificación. Necesitamos indicadores de seguimiento similares a los que tiene el programa económico y financiero del gobierno. También necesitamos algo más de esto para los ejecutores sociales del gasto agregado que demandará la inclusión. Pero en principio, necesitamos que la enseñanza lidere un tipo de conducta tan inédito como los propios balances de la economía y los escenarios sobre los cuales nos moveremos de ahora en adelante. ¿Es mucho pedir? ¿O es simplemente un acto de responsabilidad y precaución, capaz de mejorar la confianza pública en el éxito y la sustentabilidad de la nueva ambición nacional?