Aquellas  navidades

El teniente general Gregorio Alvarez, junto a una caterva de torturadores, asesinos y secuestradores, se halla encarcelado por crímenes de lesa humanidad. Allí están los terroristas de Estado más connotados: Gavazzo, Silveira & compañía, nombres emblemáticos señalados desde el retorno a la normalidad institucional (e incluso desde mucho antes) como responsables de lo peores crímenes de lesa humanidad.

¿Puede razonablemente sostenerse que en Uruguay hay presos políticos?

Veamos qué concepto han aceptado los juristas a propósito de lo que debe considerarse preso político.

Preso político es aquel que no cometió ningún delito preciso tipificado en la ley, y que ha sido encarcelado solamente por pensar distinto de lo que piensa el gobierno; esto es lo que se conoce como preso de conciencia, y es el caso de innumerables ciudadanos uruguayos que padecieron la arbitrariedad, los malos tratos y la falta de garantías cuando el régimen de facto había aplastado el estado de derecho.

Es el caso de innumerables ciudadanos que padecieron cárcel y tortura por el solo hecho de oponerse a la dictadura cívico-militar y de combatirla.

Otra categoría la constituyen los delincuentes políticos, es decir, aquellos que cometen delitos contra la nación, contra el poder, delitos que se consideran comunes pero que se cometen con fines políticos.

Es el caso de los guerrilleros urbanos (tupamaros y otros que actuaron durante fines de los sesenta y comienzos de los setenta), que fueron encarcelados y procesados por la justicia civil en razón de los delitos comunes cometidos (privación de libertad, asaltos a bancos, atentados, etcétera).

En nuestro país, a fines de 2007, no hay presos políticos. No los hay porque nadie es perseguido por sus ideas opuestas a la línea política e ideológica que sustenta el gobierno ni por haber cometido delitos comunes con fines políticos. Que quede claro.

Podría admitirse que los jóvenes procesados por subversión o sedición o asonada en oportunidad de la visita de Bush a nuestro país entren en la categoría de presos políticos, ya que su accionar delictivo tenía un claro sentido político. Pero actualmente ninguno de los procesados por dichos delitos se halla recluido en ningún centro penitenciario, por lo cual nadie puede razonablemente sostener que en el país hay presos políticos.

Y finalmente, tenemos a los uniformados (y un civil, el doctor Juan Carlos Blanco) sometidos a proceso penal por delitos cometidos al amparo del terrorismo de Estado.

Cabría preguntarse si estos terroristas de Estado son presos políticos en la medida en que los crímenes que se les imputan fueron cometidos en el marco de la represión dictatorial, de carácter eminentemente político.

Entendemos que no. Que no son presos políticos, sino simplemente reos de lesa humanidad que perpetraron o toleraron las acciones más abyectas contra patriotas indefensos.

La democracia no se ve alterada por la prisión de estos especímenes subhumanos. Antes bien, se ve enaltecida.