El capítulo no está cerrado aún

Cuando en abril de 1989 el electorado fue convocado para decidir sobre la Ley de Caducidad, quedó claro que la sociedad uruguaya estaba dividida prácticamente en dos: el triunfo del No que ratificó la norma en cuestión recogió poco más del cincuenta por ciento de los ciudadanos.

En noviembre de 1999, del balotaje o segunda vuelta electoral, resultó triunfador el doctor Jorge Batlle quien, con el apoyo decidido del Partido Nacional, derrotó al doctor Tabaré Vázquez por escaso margen.

En octubre de 2004, las fuerzas de izquierda obtuvieron una resonante victoria pero también lo hicieron por una diferencia mínima.

Parece a todas luces evidente que hay dos países, dos visiones bien distintas del país, del proyecto de país, y también dos escalas de valores netamente diferenciadas.

Por un lado tenemos un país conservador, apegado al pasado, renuente al cambio, pusilánime; por otro, un país liberal (en el mejor sentido del término), solidario, progresista, que no ha renunciado a su reclamo de verdad y justicia respecto de los crímenes del terrorismo de Estado.

El reciente encarcelamiento de Gregorio Alvarez es otro de los hechos que permitieron aquilatar esa división en el modo de pensar de los uruguayos. A las expresiones de júbilo, a la satisfacción de ver al tirano tras las rejas, a la sensación de sueño realizado luego de 22 años de impunidad institucional (y de 34 años si contamos desde el golpe de Estado), a la esperanza renovada de terminar de saber qué pasó, vienen a oponerse posturas más tímidas, más contemporizadoras si no decididamente contrarias a la decisión judicial. En este último grupo hay que destacar a los motineros recalcitrantes que se expresan a través de los centros sociales militares, a los que se agregan sus aliados civiles, complacientes defensores oficiosos del terrorismo de Estado.

Pero están también los que pergeñaron la legalización de la impunidad y exhibieron desde siempre su clara voluntad de no investigar y de no perturbar el plácido sueño de los terroristas. Estos autoproclamados demócratas se han llamado a silencio al comprobar que era posible lo que ellos consagraron como imposible, esto es, que los torturadores y asesinos fueran juzgados por la Justicia ordinaria.

Y finalmente, están los «prudentes», los políticamente correctos, que han logrado un imposible equilibrio entre la franca y expresa condena al terrorismo de Estado por un lado, y los llamamientos sensatos a dar vuelta la página, a cerrar las heridas y a sellar la paz, por el otro. Son los partidarios de la teoría de los dos demonios.

Al respecto, es ilustrativo un suelto editorial del colega El Observador del martes 18. La nota trasunta un moderado beneplácito por la decisión judicial; habla de Alvarez como de un dictador comparable a Pinochet, Baby Doc e Idi Amin, y lo responsabiliza por las atrocidades cometidas cuando fue comandante en jefe (torturas, desapariciones, asesinatos, traslados clandestinos).

Sin embargo, hacia el fin del artículo, el editorialista no pierde la ocasión de referirse a «los hechos ocurridos durante el período oscuro de nuestra historia desatado por la insurrección tupamara, la represión extrema y la dictadura militar», con lo cual le recuerda al lector, sutilmente, que el origen de la tragedia se debió a la acción de la guerrilla urbana, lo que, de alguna manera, implica una atenuante para los delitos de Alvarez y sus secuaces.

Y como broche de oro, concluye: «Pero a 22 años del restablecimiento democrático, es un capítulo que debemos cerrar de una vez por todas si de veras queremos sellar la paz entre los uruguayos».

Nosotros entendemos que ese capítulo está lejos de cerrarse. Falta aún conocer toda la verdad y todavía quedan muchas cuentas por saldar.