Cadena perpetua en la Argentina para un asesino del Plan Cóndor

«Este es un gran paso para continuar. Cumplí con mi deber de hija y de madre, porque así mis hijos saben la verdad y no van a tener que buscarla ellos».

María Angélica Prats

La decisión del Tribunal Federal Oral Número 6 de la Argentina condenó el lunes a cadena perpetua al espía chileno y ex agente de la DINA, Enrique Lautaro Arancibia Clavel.

El agente participó en el asesinato –perpetrado por Michael Townley– del general Carlos Prats y su esposa, la señora Sofía Cuthbert, en setiembre de 1974, cuando en la Argentina empezaban a insinuarse los rasgos del sistema criminal conocido como Plan Cóndor.

La resolución judicial tiene gran importancia para nuestro país ya que muchas de las características del crimen del matrimonio Prats reproducen los rasgos de la tragedia que culminó con la muerte en Argentina de nuestros compatriotas Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en mayo de 1976.

Los fundamentos jurídicos y doctrinarios sobre los que se basó el tribunal son el resultado de la evolución del pensamiento judicial argentino en los dos últimos años, es decir, a partir de la detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998.

Las claves hay que buscarlas en las decisiones de las Cámaras Federales que definieron a estos crímenes como imprescriptibles, por constituir delitos contra la humanidad.

No se trata aquí, como en algún momento se sostuvo con relación al posible juicio de Pinochet en España, de ningún problema que afecte la soberanía de Chile o desmerezca la competencia de sus tribunales.

Tanto es así que un dato saliente de la jornada del lunes en las salas donde dictó su histórica sentencia el Tribunal, lo constituyó la presencia no sólo del embajador de Chile en la República Argentina, señor Jorge Arrate, celebrando la condena sino que en el curso del proceso judicial, los familiares de las víctimas –las hijas y nietas del matrimonio Prats– estuvieron asistidas y respaldadas por un enviado especial del Estado chileno, Alejandro Carrió.

Otro aspecto de gran significación en este juicio lo constituye la expresa voluntad de los querellantes contra la impunidad de llegar hasta el máximo responsable del crimen, el ex amigo de la familia Prats, el inconmensurable traidor Augusto Pinochet, cuya extradición a la Argentina, a partir de la solicitud del magistrado Juan José Galeano, ya está en manos de la Justicia chilena.

Tanto los familiares como los medios judiciales y políticos y la prensa chilena y argentina han puesto el énfasis en la significación de esta condena para otros países de la región.

En ese sentido ha dicho el señor Alejandro Carrió: «El fallo es un mensaje fuertísimo para los países del Cono Sur que (se) unieron en un plan macabro y cometieron delitos en nombre de un gobierno. Cuando la ley está por encima de los individuos es cuando los países comienzan a ser serios».

Poco a poco las acciones judiciales contra los agentes del terrorismo de Estado chileno se van plasmando. Al menos sobre las violaciones más monstruosas a los derechos humanos.

Invictos, para tristeza y vergüenza del país, sólo los verdugos, torturadores y secuestradores uruguayos.