La aprobación a la gestión gubernamental

Se divulgaron el viernes los resultados de la última encuesta de la empresa Factum, dirigida por el politólogo Oscar Bottinelli, referida a la percepción de los ciudadanos sobre la gestión del presidente Tabaré Vázquez. Después de haber caído a mediados de año a un porcentaje de 47 luego de un alto índice de más de 60, la aprobación de la población a la gestión de gobierno volvió a registrar una suba considerable de cinco puntos para ubicarse en 52 por ciento.

Cabe acotar que más allá de las oscilaciones y de los vaivenes, no hay registros anteriores de tan altos índices de aprobación cuando ha transcurrido algo más de la mitad del mandato presidencial. Ninguno de los presidentes que antecedieron al doctor Vázquez desde 1985 había logrado la satisfacción de más de la mitad de la población (un poco más, incluso, que el porcentaje de ciudadanos que lo llevó al poder en octubre de 2004), quebrando la tradicional caída de la popularidad presidencial verificada en todos los casos a esa altura del mandato. Otro elemento a tener en cuenta es, como lo señala el propio Bottinelli en su informe, que también ha aumentado el número de quienes desaprueban la gestión de Vázquez, un hecho que muestra claramente la polarización del electorado entre quienes están a favor y quienes se manifiestan directamente en contra del gobierno de izquierda. Esta polarización viene registrándose desde mediados de los noventa, cuando el Frente Amplio concitó la adhesión de casi un tercio del electorado en la consulta de 1994, y siguió profundizándose con el paso del tiempo hasta la última elección, que mostró un electorado prácticamente dividido en dos: por un lado, la adhesión a la oferta electoral de los partidos tradicionales y por otro, el apoyo de algo más del cincuenta por ciento a las fuerzas de la izquierda.

Ahora bien, el hecho que nos parece más importante es que la caída en la popularidad del doctor Vázquez se verifica en momentos en que entraba en vigor la famosa Reforma Tributaria que implantó el impuesto a la renta de las personas físicas, al tiempo que se registraba un alarmante atisbo de inflación con aumento de los precios de frutas y verduras.

Obviamente la gente expresa su satisfacción o su reprobación según vea afectado o no su poder de consumo, algo perfectamente natural y explicable. No obstante, lo que resulta claro es que hubo ­merced a una intensa campaña mediática de la oposición–una alarma generalizada por la aplicación del IRPF y por la perspectiva inflacionaria. En efecto, no bien se produjo el alza aparentemente incontrolable de los precios de frutas y hortalizas, ya el fantasma de la inflación empezó a aterrorizar a la población; todos los medios del establishment se ocuparon de divulgar la alarma que los dirigentes de la oposición se encargaron de lanzar. Por otro lado, los mismos dirigentes y parlamentarios conservadores se dieron a la tarea de machacar, un día sí y otro también, sobre los catastróficos efectos del impuesto sobre el bolsillo de las gentes. Tan así es que incluso quienes resultaron beneficiados por la reforma impositiva, aquellos cuyos ingresos dejaron de ser esquilmados por el impuesto a las retribuciones personales, no vacilaron en expresar irreflexivamente su alarma y preocupación y se manifestaron contrarios a la política impositiva del gobierno. Ahora, cuando han transcurrido cuatro meses de aplicación de la reforma tributaria, la población ve desmentida en los hechos (y en su recibo de sueldo) la alarma que la derecha se ocupó de instalar en la percepción ciudadana.

En fin, las distorsiones y tergiversaciones del sector conservador ­convenientemente difundidas por la prensa amiga del poder–duraron poco tiempo y no tuvieron el efecto buscado ante la tozuda realidad de un gobierno jugado a favor de los menos privilegiados.