Justicia y medios de comunicación

Desde hace ya un decenio y más, los ciudadanos presenciamos una realidad cultural que en mucho se define desde los medios de información, con la creación de un montaje en el que a los hechos se les convierte en mercancía.

Esta realidad no es en sí reflejo de un desarrollo mass-mediático por generación espontánea, sino prueba de los alcances de las estructuras de poder que están detrás de los medios de comunicación y el vistoso crecimiento de su influencia.

Es a través de la noticia y la opinión periodísticas cómo el hoy agigantado poder de los medios busca incidir en la sociedad, enarbolando supuestos principios de «libertad informativa» y «veracidad» que, por lo menos en Argentina, insisten en un ejercicio de la información sin cortapisa y en la crítica como método de «independencia» y «liberación» ante el aparato de Estado, del que por razones legales depende en realidad la operación formal de los medios.

En medio de este «alud» de afanes «liberalizadores», los medios periodístico-informativos argentinos han puesto de moda el tema de la justicia.

Particularmente en los medios electrónicos (radio y televisión), se ha construido un escenario de sensacionalismo, amarillismo y manipulación que magnifica la nota roja, con tristes antecedentes y terroríficos resultados en la administración de la justicia, en las denominadas «causas célebres», acelerando procesos o dilatándolos, dependiendo siempre de los intereses en juego.

Lejos de favorecer un debate amplio, propositivo e incluyente que retome casos judiciales concretos en aras de construir condiciones de evolución social (bienestar de los ciudadanos), casi todos los medios periodísticos optan por resaltar el lado superficial de casos judiciales «llamativos», acrecientan o minimizan la importancia de determinados casos en función de intereses personales y/o grupales, traducen su afán mercadológico en manoseo amarillista e, incluso, han llegado a eso que el presidente de la república calificó como «apología de la violencia», un extremo preocupante que favorece ambientes inestables, de incertidumbre, incitación intolerante e inquisitoria cacería de «los malos» , «los diferentes», «los molestos» y demás «chivos expiatorios que deviene a considerar a la ley como una corteza que legitime el delito.

La televisión ha sido el medio en el que se perfila mejor la «venta» de los temas de justicia como si fuesen productos.

Cadenas televisivas nacionales y transnacionales han dado ejemplo de este ímpetu amarillista, que surge no únicamente como el deseo mercantilista de obtener mayores puntos de rating, sino que son también la respuesta de las fuerzas del mercado por pulverizar todo tipo de controles legales y políticos, a los que se ve como un obstáculo para la extensión de los territorios de influencia de gigantes multimedios vendedores de imágenes y «show».

Acosada en esta época por el predominio de los medios de información audiovisuales, la prensa en Argentina, si bien ha ganado un amplio espacio como plataforma de tomar contacto con la «realidad» mediante más y peor información (algo que no beneficia a los ciudadanos), aún padece la escasa lectura, un reflejo estructural de las condiciones socio-económicas y culturales que impiden comparar los tirajes sumados de la prensa argentina, con los volúmenes gigantescos de un solo periódico de países altamente tecnificados.

Así presentado, este panorama plantea a los analistas e investigadores de la comunicación, la necesidad de aterrizar en el ámbito de la deontología el tema del tratamiento que los medios dan a los casos de justicia, toda vez que el amarillismo y la manipulación con que se les exhibe denota el claro predominio de poder (lograr un control social mediante el miedo).

Propietarios y directivos de los medios de comunicación han manifestado su oposición a todo tipo de «regulación» de la información, pues la consideran restrictiva de la libertad de expresión.

Esto implica que a cada medio impreso o electrónico corresponde diseñar su propio patrón ético, en una suerte de subjetiva construcción de los deberes, lo cual convierte a la deontología en una receta coyuntural que sin embargo carece de bases sólidas para homologar principios, pues lo que para algunos puede resultar ético, podría no serlo para otros.

Considero útil tener en cuenta, en cuatro puntos con los que invita al ejercicio de la responsabilidad en la libertad, que los medios de comunicación no son ni poder ni contrapoder, que tampoco pueden sustituir a la familia, a la escuela o a los poderes públicos como vehículos de transmisión de conciencia y que para contar con legitimidad, estos deben ser veraces ante el público y observar estrictamente los valores democráticos plasmados en el estado de derecho.

Juristas, comunicadores y políticos han sostenido que conceptos como la «ética», la «responsabilidad informativa», la «publicación objetiva» de casos judiciales complejos y el «apego a la legalidad» en el manejo de las fuentes informativas son elementos de balanza, lubricantes de la difícil cohabitación entre la libertad de comunicación y el rigor jurídico de la independencia judicial.

En muchas ocasiones los estrictos procedimientos de las instituciones judiciales provocan que los medios de información apelen al derecho a las libertades de opinión y difusión pugnando porque no obstaculicen su trabajo informativo.

La defensa legítima de la independencia judicial propicia también que los juristas consideren que la injerencia inapropiada de los medios dé pie a «juicios paralelos» no siempre convenientes en una correcta impartición de justicia.

La creciente proliferación de temas judiciales aderezados con sensacionalismo y amarillismo son un fenómeno latinoamericano que, en el caso de Argentina, no sólo tiñe de nota roja y «antiimpunidad» la estricta lógica mercantil de los medios, sino también es un reflejo de sentimientos sociales colectivos.

¿Democracia o barbarie en la información? Esa es la gran disyuntiva a que se habrá de enfrentar la maquinaria massmediática en el futuro.

¿Democracia o barbarie? Todo es cuestión de responsabilidad y compromiso, de reconocer derechos pero también deberes.