La derecha redobla sus ataques

El normal juego democrático supone necesariamente que en toda contienda –sea ésta de carácter electoral o no– los políticos no escatimen esfuerzos para apoyar sus argumentos y apelen a todos los medios para debilitar al adversario; naturalmente que dentro de ciertos límites.

Wilson Ferreira lo expresaba claramente durante el exilio y en toda oportunidad de reunirse con sus aliados coyunturales en la lucha contra la dictadura; decía algo así: «estamos juntos para derrotar al régimen de facto, de modo de recuperar las libertades y la democracia y poder así pelearnos civilizadamente». En esta expresión del gran caudillo blanco se define a la perfección cómo ha de ser el enfrentamiento con el adversario sin olvidar ese adverbio final que supone observar honestidad intelectual y desechar la descalificación, el agravio y la acusación sin fundamento.

En ese marco y con esa condición, a nadie debe asombrar que el doctor Juan Andrés Ramírez haya salido públicamente a agorar catástrofes para el país y para el futuro de sus nietos en caso de que la izquierda vuelva a ganar las elecciones y se mantenga en el gobierno durante cinco años más. Podrá cuestionarse la legitimidad de tal advertencia, pero el recurso es lícito. Ahora bien, paralelamente a este intento de pintar un futuro sombrío y generar alarma y miedo en el electorado, la derecha no tiene prurito alguno en apelar a medios no civilizados en su guerra con el oficialismo. Ya no se trata de desvirtuar y tergiversar los efectos que tendrán los cambios impulsados por el gobierno, como la Reforma Impositiva o el Sistema Nacional Integrado de Salud. Últimamente asistimos a una campaña que pretende arrojar sombras sobre la honradez de los gobernantes y descalificarlos a los ojos de la opinión pública.

En el marco de esta campaña, hemos visto las acusaciones al ex director de Casinos Municipales; la burbuja explosiva armada en el caso del ex senador Nicolini; el juicio político promovido contra el intendente De los Santos; los cuestionamientos a la compra de Texaco por Ancap y a las decisiones empresariales de Pluna; y, más cerca en el tiempo, el intento de arrojar sombras sobre las compras de armamento por parte del Ejército en las que se pretende vincular al mismísimo vicepresidente de la República a través de un hermano suyo.

Los planteos realizados en el Parlamento o las acusaciones lanzadas desde otros ámbitos han contado, sistemáticamente, con los buenos oficios de la prensa amiga del establishment para amplificarlos de manera tal que en la población quede instalada, si no la certeza, por lo menos la duda acerca de la veracidad de tales acusaciones.

En todos los casos, las denuncias han sido debidamente investigadas, tanto a nivel administrativo como en el ámbito de la Justicia. Del mismo modo, ministros y jerarcas han concurrido en reiteradas oportunidades al Parlamento para explicar y aclarar sus decisiones a pedido de los legisladores de la oposición. No obstante, la derecha no ceja en su afán por «enchastrar» la imagen de los gobernantes, e insiste en magnificar hechos menores o directamente en inventar supuestos actos de corrupción. Bien cierto es que no hay partido político que esté inmunizado contra la corrupción ya que «es muy veleidosa la probidad de los hombres» como con acierto advertía Artigas. Pero también es cierto que por cada denuncia o acusación lanzada desde la derecha contra algún jerarca no es posible ni corresponde «incinerar» al acusado, crucificarlo en aras de una suerte de fundamentalismo de transparencia.

La credibilidad de un partido o de un gobierno se logra con un equilibrio razonable que permita las investigaciones y que dé garantías a la población de que se actúa con responsabilidad. Entendemos que el gobierno está encaminado por esa senda.