La conflictividad que no cesa

C on el mismo vigor y entusiasmo combativo con que un sindicato normalmente lucha contra una patronal hambreadora o contra un gobierno conservador y policíaco, asistimos al triste espectáculo de varios gremios que profundizan sus medidas de lucha y se vuelven cada vez más intransigentes en sus reclamos salariales a un gobierno que por primera vez desde hace decenios vela por mejorar las condiciones de vida de la población en general y de los asalariados en particular.

Con la excepción del primer gobierno del doctor Sanguinetti, a la salida de la dictadura, bajo el cual se produjo un viraje notorio respecto del gobierno de facto (hubo recuperación salarial y reinstauración de las libertades sindicales y políticas), ninguno de los gobiernos que se sucedieron hasta marzo de 2005 había exhibido una mayor preocupación por redignificar a los trabajadores, por devolverles sus derechos y por garantizar su libertad de acción como el actual.

Ha habido un incremento significativo del salario real, se ha constatado un aumento exponencial de la sindicalización, del mismo modo que creció en términos nunca antes vistos el número de cotizantes a la Seguridad Social; ha descendido el desempleo y se han generado puestos genuinos de trabajo. Son todos hechos incontrastables, objetivos, que nadie en su sano juicio se animaría a negar.

No obstante, hay sectores –sobre todo del funcionariado– cuya visión del gobierno parece no tener en cuenta esta realidad. A los conflictos que mantienen los empleados bancarios y los funcionarios municipales agremiados en Adeom, se suman los funcionarios de los entes y los de la Administración Central nucleados en COFE. Con una intransigencia digna de causas más nobles, promueven un enfrentamiento despiadado con el gobierno, reclaman ajustes salariales desmedidos para las posibilidades reales del erario y exigen cambios estructurales que el gobierno no prometió.

Así, el gobierno se halla ya no entre dos fuegos, sino ante tres frentes de combate. Dos de esos frentes de lucha están dentro de las probabilidades de lo previsible. Nos referimos, por un lado, al enfrentamiento con la oposición política conformada por las dos colectividades tradicionales hoy en el llano y el Partido Independiente, una lucha que se desarrolla en el Parlamento y, sobre todo, en los medios amigos del establishment, siempre dispuestos a brindar generosa cobertura a los líderes opositores; y por otro, al poderoso sector empresarial, verdadero dueño del poder, que se resiste con uñas y dientes a los cambios progresistas que lleva adelante el gobierno. Pero lo que resulta insólito es que el gobierno está jaqueado, también, desde un campo que se suponía sería su aliado en la tarea de construir un país mejor para todos.

Bien cierto es –y fuerza aclararlo para aventar malentendidos– que no es todo el movimiento sindical el que está enfrentado al gobierno. Se trata de sectores radicalizados sensibles a una perniciosa prédica «ultrista» o «yaísta» que no repara en medios para lanzar sus anatemas contra el supuesto «continuismo» del gobierno popular y que cree, candorosamente (o no cree pero hace creer no tan candorosamente), que el país está en condiciones de impulsar la revolución social, expropiar estancias y empresas y dar todo el poder a los soviets.

Es preciso comprender que el gobierno no se conquistó mediante una lucha revolucionaria armada, sino a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento legal. En tales condiciones, ¿es razonable suponer que es posible nacionalizar la banca, romper con el FMI, no pagar la deuda externa, aumentar irresponsablemente los salarios y, además, eliminar los impuestos? *