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  • De la democracia representativa a la participativa

    Escrito por: FRANKLIN GONZALEZ

    Domingo 18 de noviembre de 2007 | 02:28

    El politólogo David Held, en su texto La democracia y el orden global, identifica tres modelos de democracia: la directa o participativa, la representativa o liberal y la unipartidista.

    En Venezuela, durante casi 50 años ensayamos el modelo de democracia representativa, cuya experiencia fue negativa para la mayoría de su población. Ahora, ensayamos un modelo de democracia que constitucionalmente denominamos participativa y donde el desiderátum está en construir más democracia.

     

    La democracia representativa

    Esta se desarrolló entre 1959 y 1999 en tres fases. La primera, entre 1959 y 1974, constituyó la fase de formación del modelo y fue el momento de la representatividad, del “pluripartidismo” en términos electorales, de la inexistencia de la polarización. Se excluyó de manera ex profesa a los partidos de izquierda.

    La segunda fase, abarca el período 1974-1989, en la cual las fuerzas fundamentales se contraen institucionalmente como consecuencia de la polarización electoral entre Acción Democrática y Copei. Se pone en ejecución el pacto institucional y se permite la inserción del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) a la vida democrática del país.

    La polarización electoral de AD y Copei implica el dominio del bipartidismo. Ambos partidos monopolizan las acciones y decrece la representación del resto de las organizaciones políticas en el Poder Legislativo, aumenta el poder del Ejecutivo y particularmente, del Presidente de la República. De esta manera se restringe el marco de representatividad y de la igualdad de oportunidades, concentrándose cada vez más en los dos partidos del status. La democracia representativa se hace, paradójicamente, menos representativa y, por tanto, menos pluralista.

    La tercera fase, período 1989 ­1999, muestra los signos evidentes de crisis y agotamiento. Los problemas de gobernabilidad comienzan a manifestarse de manera contundente. Aparece en las elecciones de 1988 el fenómeno de la abstención en un país donde la participación electoral siempre había sido significativa. En 1999 estallan los sucesos del 27 y 28 de febrero, luego ocurren los intentos de golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992 y finalmente en mayo de 1993 se destituye de la presidencia a Carlos Andrés Pérez.

    Todos estos acontecimientos, así como la aparición del “fenómeno” Chávez, constituyeron expresiones inequívocas del agotamiento del modelo representativo.

     

    El ejercicio de la democracias articipativa

    Los artículos 71, 72, 73, y 74 de nuestra Constitución establecen la figura del referendo popular. Este puede ser consultivo cuando se trate de asuntos que son de especial trascendencia parroquial, municipal, estadual y nacional; revocatorio cuando se hace referencia a cargos y magistraturas, de elección popular, que podrán ser activados una vez que transcurra la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o la funcionaria. Esta figura es única en las constituciones al menos de América Latina y el Caribe. El aprobatorio, cuando se trate de proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional y que sean materia de importancia nacional, por ejemplo, los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a organismos supranacionales. Finalmente, en nuestra Constitución, se encuentra el referendo abrogatorio total o parcial, que puede activarse cuando se trate de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional o de decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República, pero que no encuentren el consenso necesario.

    Lo anterior es una expresión normativa de la democracia participativa.

    Ahora bien, en Venezuela también hemos puesto en ejecución algunos de estos referendos. Por ejemplo, cuando el pueblo venezolano fue convocado por primera vez en la historia del país para que en referendo consultivo aprobara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 15 de diciembre de 1999. Otro ejemplo lo constituye la participación directa del pueblo en la resolución de una crisis política. Como se recordará, en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, un grupo de venezolanos en contubernio con la Federación de Cámaras Empresariales, la cúpula sindical del país y con una parte de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, dieron al traste con el gobierno legítimamente constituido y presidido por Hugo Chávez Frías, situación esta que se mantuvo por espacio de sólo 47 horas, por cuanto el pueblo venezolano, en ejercicio democrático, se lanzó, por millones, a las calles de Caracas y otras ciudades del país para rescatar al presidente Chávez que había sido derrocado.

    El 15 de agosto de 2004, nuevamente hubo una expresión de Democracia Participativa, cuando sectores de la sociedad venezolana lograron activar el artículo 72 de la Constitución y se realizó en Venezuela la primera experiencia de referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez Frías, que, como sabemos, fue más bien un referendo aprobatorio porque el 60% de los que participaron se expresaron a favor de que el presidente Chávez continuara en el ejercicio de la primera magistratura de nuestro país. Otra expresión de democracia participativa es la constitución de alrededor de 30.000 Consejos Comunales, a los cuales se les están transfiriendo no sólo recursos presupuestarios sino también poder, de tal manera que la misma comunidad participe directamente en la solución de sus particulares y concretos problemas y necesidades.

    Manifestaciones de democracia participativa lo constituye el hecho de que la misma comunidad tienen la potestad de implementar la contraloría social, mecanismo que permite que las actividades desarrolladas por los gobernadores, alcaldes y consejos comunales sean monitoreados permanentemente por la misma comunidad, la cual se encuentra en plena capacidad de activar mecanismos para solicitar averiguaciones administrativas sobre quienes, siendo directivos, sean escrutados por su mala gestión.

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