Intensa actividad legislativa

Contra viento y marea, sorteando los obstáculos de una oposición tozuda, la actividad legislativa no se detiene y el gobierno logra la aprobación de sus principales iniciativas.

La jornada del miércoles resultó significativa en ese sentido. Mientras la Cámara de Senadores trataba la reglamentación del espectro radioeléctrico que ordena y define el papel y las características de las radios comunitarias, en la de Diputados se aprobaba el nuevo Código de Procedimiento Policial, que introduce precisiones, límites y alcances de la tarea policial.

En este último caso, el proyecto de ley contó con el voto favorable de la oposición, pero la regulación de las radios comunitarias levantó una fuerte resistencia de parte de los partidos del llano. Sin embargo, más allá de las críticas y objeciones presentadas por blancos y colorados al proyecto, la norma aprobada por el Senado viene a llenar un vacío legal que se arrastra desde hace ya bastantes años y que exigía de forma perentoria una regulación normativa sobre el punto.

La resistencia de los partidos tradicionales al texto finalmente aprobado no puede obedecer más que a la defensa de los intereses del oligopolio mediático, surgido y desarrollado merced a prácticas que distorsionaron las concesiones, promovieron la saturación del espectro radioeléctrico y generaron vínculos, implicancias y obligaciones recíprocas rayanas en la corrupción. Gracias a esto, todos los medios televisivos y la inmensa mayoría de las emisoras de radio son voceros oficiosos de la derecha conservadora, amigos del poder y representantes del establishment.

Desde que asumió el gobierno progresista, la política referente a los medios de comunicación tuvo un viraje sustancial respecto de sus predecesores, y por primera vez el país se encamina hacia una mayor justicia y transparencia en el otorgamiento de ondas y en las características de su explotación por privados. Es posible que haya más de un aspecto a corregir en el texto aprobado; es posible que deban introducirse modificaciones, agregados o quitas como resultado de su aplicación práctica, pero es innegable que la norma promueve reglas de juego claras a la vez que garantiza la libertad de expresión y de información a través de las ondas de radio.

Y en cuanto al Código de Procedimiento Policial aprobado en Diputados –que como queda dicho al comienzo obtuvo los votos favorables de la oposición–, digamos que también en cierta forma llena otro vacío legal. En este caso, al igual que en el de las radios comunitarias, hace muchos años que se viene hablando de la necesidad de establecer normas claras y precisas que disipen dudas en cuanto al accionar policial. Desde que en el país se instaló la famosa sensación de inseguridad, hemos oído hasta el cansancio las quejas de la población en reclamo de mayor eficiencia policial. Ha habido iniciativas, algunas de las cuales prosperaron pero no fueron suficientes, y la sociedad –y especialmente los agentes del orden– esperaban del sistema político una solución definitiva al problema.

Es asunto no es sencillo pues plantea la necesidad de un delicado equilibrio entre el incuestionable derecho de los ciudadanos a estar protegidos en su integridad física y en su patrimonio, y el respeto absoluto a los derechos humanos y a las garantías individuales que debe observar la Policía.

Creemos que esta norma, que debe volver al Senado para que éste trate las modificaciones introducidas en Diputados, contempla de manera inteligente esa realidad y otorga facultades precisas a los guardianes del orden que mejorarán sin duda su tarea preventiva y represiva.

Saludamos, pues, estas normas que el Poder Ejecutivo deberá promulgar. Son iniciativas que reflejan la preocupación del gobierno por legislar en atención a las preocupaciones ciudadanas. *