Alias "Goyo"

No será de espaldas ni de rodillas. Será sentado, en el pequeño despacho del Juzgado penal de 19º Turno, en el tercer piso del edificio judicial de la calle Misiones. Junto a él, estará sólo su abogado, Carlos Curbelo Tammaro. A su izquierda, la fiscal Mirtha Guianze, observará el desenlace de la acusación. En silencio, también será testigo del momento histórico un actuario que mantendrá su vista sobre la pantalla de la computadora. Frente a él, con voz clara y firme, el juez Luis Charles leerá su resolución de procesamiento y prisión.

En ese momento, no sonará en el fondo la marchita militar, ni la voz grave del locutor de la Dinarp. El juez no lo nombrará con sus dos nombres, sus dos apellidos y su alias, al establecer las tipificaciones por las que se le iniciará un proceso judicial, durante el cual será mantenido en prisión, y en el que se definirá si los actos que le imputa el Ministerio Público derivan en una condena. Un proceso con todas las garantías, en el que tendrá instancias para apelar y defenderse.

No será encarcelado por su condición de golpista. No le hablarán de sus actos preparatorios con un grupo de coroneles, ni de su subversión al gobierno electo aquel 9 de febrero de 1973, ni sobre las presiones del Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), cuya secretaría ejerció en su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), que derivaron en la disolución del Parlamento aquel 27 de junio. No le endilgarán las acciones de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) a las que él ha confesado dar desde el Esmaco la primera orden que pudo vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía. No lo implicarán, por ahora, en las muertes de Oscar Fernández Mendieta, Roberto Luzardo o Hugo Leonardo De los Santos, entre tantas otras víctimas.

Tampoco corresponderá este procesamiento a sus días como comandante de la División de Ejército IV en 1974, cuando fue secuestrado en Argentina y torturado en su cuartel Antonio Acosta Viana, a quien personalmente interrogó sobre Washington Barrios, cuya esposa y dos amigas (Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanick) fueron ejecutadas poco antes de que el propio Barrios desapareciera tras ser entregado a represores uruguayos en La Plata.

Todavía no estará en su prontuario el secuestro, traslado ilegal y ejecución de los fusilados de Soca, ni el propio asesinato del coronel Ramón Trabal en París, ni el homicidio de Alvaro Balbi, ni la muerte por torturas o la desaparición en Uruguay y en Argentina de tantos otros casos en los que desde su lugar como miembro de la junta de oficiales generales y secretario de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo) protagonizó o tuvo conocimiento. Tampoco será por su condición de dictador, ni por haber sido el único militar que ambicionó y llegó a usurpar la banda presidencial que ya habían mancillado sus predecesores civiles Aparicio Méndez y Juan María Bordaberry. No será, al menos por ahora, por esos actos como designado Presidente de la República desde 1981, bajo cuya administración fue muerto Vladimir Roslik. Ni siquiera será por las sombras de corrupción que le sospechan en el irregular «operativo conserva» durante aquellos años en el poder.

Nadie le pedirá que se ponga de pie, ni que se cuadre en posición de firme. Ninguno le cruzará el rostro de un fustazo. No habrá pompa ni función. No tendrá enfrente los uniformes impecables de relucientes galones y banderitas coleccionables.

No será por su condición de militar, ni por su afiliación partidaria, ni por su ideología, sino por las consecuencias de decisiones adoptadas, en acción u omisión, durante el ejercicio de su mando como comandante en jefe del Ejército a principios de 1978.

Será por su indudable conocimiento de lo que ocurría a partir del 1º de febrero de 1978 cuando asumió como comandante en jefe del Ejército y, en su despacho, recibió un parte del Servicio de Información y Defensa (SID) en el que el coronel José Nino Gavazzo, tampoco ajeno a los hechos, le daba cuentas de la detención y repatriación del montonero Oscar De Gregorio y explicaba la existencia de una coordinación represiva entre el Fusna y la ESMA.

Será porque las evidencias y pruebas demuestran que desde su comandancia supo, no pudo dejar de saber, lo que ocurría con militantes del GAU, el PCR y el MLN que habían sido secuestrados en Argentina en diciembre de 1977 y bajo su mando terminaron siendo trasladados ilegalmente, en sucesivos viajes, a Uruguay, donde fueron finalmente ejecutados masivamente y hechos desaparecer.

El teniente general retirado Gregorio Conrado Alvarez Armelino, alias Goyo, ex dictador jubilado como patrón de pastoreo, será procesado en los próximos días por crímenes de lesa humanidad, por los delitos de desaparición forzada de persona y, eventualmente, de genocidio, establecidos por la jurisprudencia internacional y adaptados a la legislación nacional. Entonces sí, de espaldas, de rodillas, de pie, de cabeza, sentado o acostado, el Goyo habrá caído. Y ya no sólo ante la historia. *