La deuda social

Según los compromisos asumidos, aceptados o auto-impuestos y el contenido de éstos, evidenciarán y expondrán ante todos los resultados prácticos de la política económica, que debería poner acento luego de una larga acumulación de los grandes capitales en la distribución con justicia social.

Causas y consecuencias de la pobreza y de dudas deberían ser debatidas a fondo por toda la sociedad, pues el diálogo debería anteponerse a las decisiones y órdenes impuestas por el FMI que traen consigo los rechazos a estas en múltiples formas de no aceptación y que lleva a juzgar, condenar y hasta a veces satanizar a aquellos que luchan, resisten o simplemente piden justicia ante la impunidad económica que antecedió a esta Administración del BHU (no olvidar que la Ley de Impunidad amparó a las administraciones militares).

Allí mientras endeudaban al país, en los cuarteles torturaban y mataban; estas deudas eran impuestas desde arriba por los del norte EEUU.

Dice un dicho popular: «dictador para abajo, sumiso para arriba».

Así de fácil es para algunos acusar; pero memoria significa en latín recordar o repasar con amor y así es que hemos estado 40 años resistiendo para atacar las causas verdaderas de las que son y fueron víctimas miles de familias cooperativistas o no.

Quien asumió una deuda sin ver su contenido y origen cometió el error u omisión de darse la oportunidad y brindar a su vez la instancia previa de separar la paja del trigo, para poder ir juntos y no entreverados oportunistas de turnos o luchadores sociales, o deudores de Punta del Este y Pocitos con deudores de La Teja, Cerro y Piedras Blancas.

Por ello impaciente es aquel que se moviliza y parecería que hacen falta pacientes; paciencia, espera de la que hay que desconfiar pues por décadas significó aplazar, postergar y cada 5 años «seguí participando» para volver a escuchar la palabra «paciencia».

Serenidad y no quietud, esperas sin renunciamientos, el compromiso por la causa de los sin techo que nos ha ubicado a uno de los dos lados del camino, por el cual avanza la construcción de un nuevo tiempo político y por el cual el horizonte debería percibirse claramente y sin cuestionamientos ni «peros», las nuevas conquistas para los trabajadores y las mayorías empobrecidas.

En estos caminos hay claramente intereses y tiempos distintos: uno es seguir esperando el crecimiento de la economía para «algún día» distribuir, y otro, es plantear que haya inversión pública para comenzar a distribuir justicia social a los largamente postergados «impacientes», que pretenden que sus hijos vivan en viviendas dignas y coman mejor.

Si este calificativo nos cabe por no tolerar que siga habiendo miles de hectáreas de tierra vacías e improductivas, cuándo existen miles de familias esperando por ellas; pues digamos que los impacientes o intransigentes nos comprometemos hasta el hueso para que no exista más sin tierra en su tierra.

De la misma manera que enfrentamos la lucha por un cronograma de préstamos, el cual hoy se implementa, fruto de vencer principalmente los descalificativos con argumentos, con marchas, con propuestas, con ocupaciones, con vigilias, pero por encima de todo, con la convicción de que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía; que para acceder a éste los compatriotas no deben pasar años y años de espera.

Esto para que pase deberá ser fruto de la acumulación de fuerzas del movimiento popular que logre una correlación de fuerzas que obligue a dar vuelta la pisada.

Ese momento puede ser visto cuando la gran prensa anuncia en un titular «se adelanta el pago de la deuda social» y tal vez podamos ver a Astori feliz, contento y satisfecho, cual lo vemos cada vez que ha adelantado pagos de la deuda inmoral contraída por la dictadura y sus seguidores, con organismos que prestaron para endeudarnos y hoy prestan para regularizar la pobreza: los organismos de créditos internacionales.

Si no se cambia la política de inversión pública, se nos obliga a todos a continuar en las manos de los especuladores inmobiliarios. Si el Estado no construye, los que lucran con un derecho humano como lo es la vivienda serán los favorecidos con esta política de «no» inversión, que se ve reflejada en el mensaje complementario del presupuesto del 2007, que aumentó en 300 millones de dólares y no contiene una sola orden para comprar un solo ladrillo.

Por lo tanto, debemos llevar el año que viene una fuerte campaña a favor de la inversión y denunciar las consecuencias que genera esta continuidad en la materia, dejando en manos del «mercado» un problema que es de todos.

Firmeza en el rumbo, sin confundir serenidad con quietud, espera con renunciamientos, pues somos parte de una unidad dialéctica con nuestro pensamiento Artiguista tan claro en el tiempo y es el de no esperar nada sino de nosotros mismos, lo básico, lo indispensable para vivir.

No debemos inventar nada nuevo por ahora, sí exigir que se cumpla la ley, la Ley Nacional de Vivienda, que establece claramente los tipos de vivienda así como de dónde salen los recursos y quiénes los dirigen.

Terminar la deuda social es también dar oportunidades, de poner arriba de la mesa los argumentos y pruebas; esperamos que la nueva Agencia de la Vivienda sea un ámbito de respeto sin descalificaciones y generando oportunidades, para la deuda social encauzarla entre todos.