El dictamen del fiscal y la libertad de expresión

Desde que se conoció el dictamen del fiscal de Corte, doctor Rafael Ubiría, por el que considera pertinente el recurso de inconstitucionalidad contra el IRPF a las jubilaciones, los pronunciamientos públicos –a favor o en contra– se han sucedido.

El primero en reaccionar fue el titular del MEF y padre de la reforma tributaria, contador Danilo Astori. Sostuvo el ministro que el dictamen del fiscal de Corte abordaba más que aspectos jurídicos cuestiones de política tributaria, y no ocultó su desagrado por las conclusiones a que llegaba el alto funcionario. Ante las manifestaciones de Astori, surgieron desde la oposición política ásperas voces llenas de indignación. Clamaban por la independencia del sistema judicial, considerando que los dichos del ministro constituían una presión indebida sobre la Suprema Corte de Justicia.

Poco después, se hizo público un informe del doctor Leonardo Costa, en el que refuta uno a uno los argumentos del doctor Ubiría, desde su condición de abogado experto en derecho tributario. Como es de todos conocido, el hecho provocó la inmediata reacción de los sectores más retrógrados del Partido Colorado. Resultaba intolerable que un miembro de dicha colectividad se apartara de la línea partidaria y diera tan valiosos y sólidos argumentos a favor de la constitucionalidad del impuesto.

Finalmente, en nuestra edición de ayer se publican las reflexiones de dos distinguidos economistas que pulverizan los conceptos del fiscal de Corte en materia de política tributaria.

Independientemente de nuestra postura contraria al recurso de inconstitucionalidad por entender que el IRPF es un impuesto que no viola disposición constitucional alguna, creemos del caso hacer un llamado de atención. Desde la oposición se está generalizando la costumbre de censurar toda opinión sobre asuntos judiciales so pretexto de que de ello puede resultar una suerte de presión sobre el Poder Judicial. De acuerdo con esa peregrina tesis, nadie podría emitir juicio alguno, ni opinión, ni punto de vista a propósito de temas judiciales en trámite, pues de ese modo estaría interfiriendo e influyendo en la decisión del magistrado actuante; una injerencia inadmisible.

Ahora bien, tal postura resulta particularmente ofensiva para todos los magistrados judiciales (jueces y fiscales) pues implica una subvaloración de su capacidad intelectual, de su solvencia profesional, de su independencia de criterio y de sus convicciones éticas. En nuestro país, felizmente, los jueces han demostrado –salvo contadísimas y deshonrosas excepciones– un coraje y una dignidad a toda prueba, mostrándose insensibles a cualquier tipo de presión.

Sin embargo, más grave que esta afrenta a la dignidad de los magistrados, es el hecho de que quienes hoy se rasgan las vestiduras por la supuesta presión de un ministro de Estado sobre la Suprema Corte de Justicia, no dudaron en ejercer una presión desembozada en oportunidad de tratarse la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. En ningún momento se privaron de opinar, de emitir juicios, de expresarse sobre asuntos judiciales.

Más cerca en el tiempo, todos recordarán sin duda el virulento editorial del diario El País, que calificó de animal al doctor Cavalli cuando éste dispuso el procesamiento de Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros. Allí no se trató de una mera presión, sino de un vulgar agravio al magistrado actuante.

El fiscal de Corte tiene el deber de pronunciarse sobre los asuntos que le son sometidos, y puede equivocarse como cualquier cristiano. Pero los ciudadanos –todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes– tienen el derecho de expresarse y de criticar las resoluciones judiciales, las vistas fiscales y los fallos de los jueces; y también pueden equivocarse, desde luego.

Entonces, se trata de no insistir más en esa postura absurda que pretende poner una mordaza so pretexto de no presionar a los jueces. Respetemos las decisiones judiciales –y si es del caso, impugnémoslas presentando los recursos que correspondan– pero respetemos el inalienable derecho de opinar y de criticar que a todos nos ampara. *