Más información de calidad sobre la gestión pública

L as cifras del gasto público total del Estado, difundidas por el Ministerio de Economía el lunes pasado, precisan el peso del Estado en el país desde la visión del esfuerzo que supone financiarlo. Y obligan, de inmediato, a replantearse preguntas que no han tenido respuestas claras en los últimos años. El país está gastando el 38% de toda la riqueza creada en financiar una pesada estructura burocrática, militar y asistencial. Esta relación viene creciendo mucho en los últimos años y es probable que en el correr de 2007 y 2008 esta relación supere largamente el 40%. Esas preguntas de respuestas postergadas tienen que ver con lo que hay que reformar pero, esencialmente, tienen que ver con lo que se hace, con sus razones, costos y resultados.

El costo del Estado es algo más que el precio de un servicio de administración y redistribución de los tributos ciudadanos en áreas de interés, incluyendo los de la seguridad social. Ese peso financiero es también un indicador de la dimensión relativa que tiene lo público y lo privado en el país. Ese devengado real de prácticamente ocho mil millones de dólares, sugiere otros costos agregados y que no pueden ser contabilizados en las cuentas nacionales conformando una cantidad fenomenal de recursos puestos a disposición de los adminsitradores públicos. Pero, además, la presencia del Estado en la vida pública es nítida y dominante. Uruguay ha heredado esta estructura y la ha contemplado como un dato irreversible de su proyecto económico social. Ahora, sin embargo, las condiciones en las cuales se compite en el mundo exigen una relación más flexible entre lo público y lo privado, entre el Estado y los individuos.

Uruguay continúa abriendo su economía porque, quiera o no, no puede hacer otra cosa. Aun con un PBI creciendo fuertemente, su comercio exterior crece a tasas mayores enlazando al país con un mundo en el cual los bajos costos del Estado y la calidad creciente de sus servicios son claves del desarrollo sustentable. En Uruguay hay en torno a estos temas de la eficiencia estatal una enorme opacidad. Los gobiernos ensayan regularmente reformas y ajustes capaces de mejorar la calidad del Estado.

Incluyen estímulos presupuestales a la eficiencia de las unidades ejecutoras –tal cual fuera plasmado en la Ley de presupuesto. Sin embargo, la población y el mercado continúan careciendo de indicadores de gestión nominada capaces de abrir la gestión del administrador y sus empleados a la evaluación ciudadana. Y es precisamente en esta área, la de información de la gestión y la calificación pública, donde el país sigue presentando su déficit principal. Necesitamos más indicadores simples y comprensibles de la calidad de la gestión y no sólo del gasto. Necesitamos confrontación y evaluación independiente de los planes y su ejecución. El cambio, la inclusión, la felicidad pública dependen cada vez menos de recursos y cada vez más de la calidad de información. La publicidad del Estado debe ser analítica, inductora de pensamiento creativo dentro y fuera de sus límites. Pero por sobre todo, ese tipo de información de nueva generación debe imponer una tensión de exigibilidad creciente entre los funcionarios y los ciudadanos. *