Aborto: que la ciudadanía se pronuncie

L ejos de ser un asunto laudado, la despenalización del aborto sigue concitando el interés de la sociedad, la controversia se mantiene, y en el ámbito parlamentario se llevan a cabo gestiones tendentes a llegar a un acuerdo sobre el delicado tema. En el último plenario de la Cámara Alta, cuando se trató la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, se manejó con insistencia por parte de senadores de todos los partidos la posibilidad de una consulta popular que resolviera definitivamente el problema. La idea no es sino eso, una idea, una sugerencia, una posibilidad de resolución del conflicto; falta estudiar y analizar los mecanismos jurídicos y constitucionales que habiliten la convocatoria a las urnas del cuerpo electoral para que la ciudadanía se pronuncie y dirima de una vez por todas esta asignatura pendiente.

De hecho, se ha instalado en la población y también en la clase política la obligación de tratar el tema de modo serio y profundo porque ya existe la percepción de que no se trata de una ley más, sino de la resolución de un conflicto, de una realidad injusta que lleva demasiados años de ilegítima vigencia.

La circunstancia actual, en que los parlamentarios se plantean rever y revisar la decisión del Senado, y se plantea la posibilidad real de que una nueva votación arroje el resultado opuesto (habría dos votos más a favor de la despenalización del aborto con lo que ese capítulo se reincorporaría a la norma), esta nueva coyuntura, decimos, ha vuelto a agitar las aguas y quienes se oponen a la despenalización del aborto exhiben una explicable alarma. El editorial de El Observador del viernes 26 va precisamente en ese sentido. «Además de destruir el derecho a la vida, el principal de los derechos humanos, es sorprendente la ligereza irresponsable con que se actúa. ¿Cómo es posible que el cuerpo presuntamente más augusto y maduro del Parlamento cambie drásticamente de posición en un plazo de unos pocos días?», sostiene el matutino, y concluye: «El Senado tomó una decisión el 17 de octubre. Convocar a otra votación a los pocos días, cuando los viajes de los senadores y sus suplentes se crucen de forma tal que pueda aprobarse el proyecto, conlleva no sólo el error de pisotear el derecho a la vida. Es también una ruta segura al desprestigio parlamentario y al descaecimiento del Estado de Derecho».

Como se desprende de los párrafos transcriptos, además del rechazo a una posible rectificación de la decisión senatorial (que el editorialista ve como una ruta al desprestigio del sistema político y del Estado de derecho), aparece allí el leit-motiv de la argumentación contraria a la despenalización del aborto: la interrupción voluntaria del embarazo por sola voluntad de la mujer atenta contra el derecho a la vida. Tal argumento no se sostiene. Si así fuera, estaríamos lisa y llanamente ante un homicidio agravado por premeditación y alevosía, delito que toda la sociedad condena. No obstante, es posible advertir, aun entre quienes se oponen a la despenalización, una percepción del aborto muy diferente de la que se tiene del homicidio. En efecto, por algo la legislación vigente lo tipifica como un delito aparte, ajeno a aquel, respondiendo a una visión que, si bien lo censura, lo hace con indulgencia. La prueba es que las condenas por aborto sólo ocurren cuando la mala praxis causa la muerte de la paciente o cuando ésta consulta en un hospital; entonces sí, marchan a la cárcel la mujer y el médico o la partera. Pero salvo rarísimas excepciones, ningún uruguayo, por más que sepa que en tal lugar funciona una clínica clandestina o que tal persona se hizo un aborto, lo denunciaría. Tal vez no esté de acuerdo con la práctica del aborto y lo censure moralmente, pero salvo casos excepcionales, jamás lo denunciará.

Este hecho demuestra claramente que no estamos ante una práctica ilegítima a los ojos de la gran mayoría de la sociedad. Por tanto, la única solución al problema planteado es habilitar una consulta de modo que sea la sociedad la que decida al respecto. *