La lista Gelman

Una vez más en solitario, LA REPUBLICA publicó en su edición de ayer la lista de los 43 nombres de militares aportados por Juan Gelman ante la audiencia española que preside el juez Baltasar Garzón.

Los prolijos cuadros gráficos que acompañan al texto permiten tener una idea bastante aproximada en cuanto al contenido del testimonio español del poeta y escritor argentino.

Una primera constatación: Juan Gelman y su esposa Mara La Madrid han continuado trabajando en pos de la verdad.

Y ahora, tenazmente, sin aflojar, quieren saber qué pasó con la madre de la niña, quieren saber qué pasó con María Claudia, la joven madre secuestrada a quien los militares robaron a su hijita recién nacida.

El reencuentro con su nieta en Montevideo, a principios de este año, parecería que dio nueva fuerza a la paciente búsqueda que Gelman venía realizando desde muchos años atrás.

En segundo lugar, pese a que en los últimos meses se han difundidos compromisos oficiales de búsqueda de la verdad, hasta ahora los datos conseguidos siguen siendo los aportados por las víctimas.

Las explicaciones son obvias. Basta examinar la lista de los denunciados por Gelman para entender por qué, en 1999, el gobierno y las autoridades militares difundían informaciones falsas sobre el destino vivido por la nieta de Juan Gelman: el mando supremo del ejército estaba en manos de uno de los ahora denunciados ante el juez Baltazar Garzón.

En tercer lugar, la lista Gelman alcanza a 43 individuos a quienes se responsabiliza por los secuestros en Argentina en 1976.

La nómina incluye más nombres que otras listas anteriores presentadas ante distintos tribunales internacionales o en la prensa.

Lo interesante a destacar es que alrededor de quince o dieciséis nombres de los ahora aportados fueron denunciados por las víctimas en agosto de 1976 –testimonio de Washington Pérez Rossini– y en diciembre del mismo año –testimonio de Enrique Rodríguez Larreta Piera–, es decir, ¡hace 24 años!

En aquellos testimonios faltaban nombres que nuevas declaraciones agregaron, pero no hay un solo nombre de más. Las víctimas no mintieron. El que mintió es el Estado. Durante 24 años.

Una tercera conclusión: entre los nombres que ahora examina el magistrado español están los de aquellos militares uruguayos denunciados.

Son las piezas uruguayas de la «Operación Cóndor».

Gran parte de sus colegas argentinos, chilenos o brasileños han sido acusados y algunos procesados y se encuentran en prisión o cerca de ella, como Pinochet.

Por supuesto que hay impunes en Argentina, en Chile y en Brasil. Pero en ninguno de esos tres casos se da la circunstancia que, además de no ser punidos (manes de la ley de impunidad), los militares uruguayos han seguido adelante en su carrera, alcanzando algunos de ellos las máximas jerarquías en su respectivas fuerza.

De lo cual se deriva otra conclusión. En realidad, la impunidad es sólo un aspecto del desenlace de la transición de la dictadura terrorista a la democracia.

En nuestro país, entre las cláusulas no explicitadas de la «salida democrática», está incluido el respeto y el respaldo del gobierno a la carrera de los acusados de terrorismo de Estado.

Respeto y respaldo decimos pues sin las propuestas de promoción no hay ascensos. Y esas propuestas sólo pueden provenir del Poder Ejecutivo.

Y en esa línea de gobierno, de respeto y respaldo para el éxito de la carrera militar de los oficiales uruguayos que actuaron como agentes del terrorismo de estado han estado las tres administraciones anteriores, las dos de Sanguinetti y la de Luis Lacalle.

Esas administraciones son las responsables del hecho vergonzoso que nos abofetea en el rostro cuando leemos la lista Gelman: secuestraron, mataron, robaron bebés y siguen tan campantes.