La onda expansiva

No es esta la primera oportunidad en que nos ocupamos del asunto. Varias veces nos hemos referido al tema de los impuestos –sobre todo desde que se empezó a tratar la reciente reforma tributaria–, y señalábamos el rechazo que en todas las latitudes y en todas las épocas han generado y generan los tributos «impuestos» por el Estado. Este vocablo, precisamente, revela que nadie estaría dispuesto, motu proprio, a donar parte de sus ingresos para solventar los gastos del Estado, por lo que éste debe necesariamente «imponer» esa quita porcentual a los ciudadanos.

Como se advierte, ya desde el vamos, estamos en presencia de algo obtenido sin el agrado ni tampoco el vistobueno de la población; no importa a qué clase social pertenezca, el ciudadano considera que el poder le mete la mano en el bolsillo. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha llegado a internalizar la necesidad de que todos contribuyan al erario de manera de dotar de recursos al gobierno para que éste cumpla con sus funciones: gastos de defensa, de seguridad interior, de educación, de atención de la salud, de funcionamiento de la Justicia, etcétera. Es así que, de buen o de mal grado, se ha llegado a aceptar que el Estado cobre impuestos. Recuérdese que cuando se implantó el Impuesto a las Retribuciones Personales o impuesto a los sueldos y jubilaciones, la población, bajo protesta pero resignada al fin, se avino a la nueva quita a sus haberes. Y cabe resaltar un hecho significativo: aquel IRP recientemente remplazado por el IRPF no suscitó protestas de las clases acomodadas, muchos de cuyos integrantes son asalariados, ni de empresarios ni de terratenientes, ya que estos últimos no veían afectadas sus ganancias y para aquéllos no significaba una erogación que afectara mayormente sus ingresos.

En cambio, el nuevo Impuesto a la Renta de las Personas Físicas ha levantado una ola de críticas, de rechazos y de conflictos. Los jubilados, que hasta ayer pagaban puntualmente su impuesto, se han sublevado con ímpetu desconocido y, asesorados por abogados, interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante la SCJ. No importa que el 80 por ciento de los pasivos se hayan visto beneficiados por la reforma tributaria; el 20 por ciento restante, que cobra jubilaciones importantes, se ha lanzado a la lid denunciando la voracidad fiscal del gobierno.

Pero paralelamente a la instancia judicial promovida por algunos pasivos, han surgido, vaya casualidad, otras corporaciones –no precisamente de marginados ni de pobres– reclamando ser exonerados del impuesto a la renta. El conflicto que mantiene el sector banca oficial de AEBU se debe, en gran medida, al rechazo de los funcionarios bancarios a aportar por dicho impuesto. Y la gota que desborda el vaso es que a este reclamo acaba de sumarse Adeom, un gremio ya tristemente célebre por su intransigencia, su intolerancia y sus modales poco corteses, que se resiste a aportar al Fonasa además de rechazar el IRPF y estudiar la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. Un gremio que logró, bajo las administraciones de izquierda, un espectacular aumento de su salario real, exhibe hoy una soberbia y una falta de solidaridad realmente asombrosas.

Nos encontramos ante una verdadera onda expansiva. Y, como queda dicho más arriba, lo singular es que se trata de una expansión de conflictos en los sectores privilegiados (comparativamente con la media del país). No somos los únicos en decirlo. Léase el editorial del semanario Voces del Frente de ayer, jueves 25: «Los grupos que se hacen oír no son los que están peor. Son los que tienen mejor lobby. Se está confundiendo independencia de clase con corporación. La vieja mentalidad economicista ahora en el funcionariado público».

Debemos denunciar este desborde de egoísmo que puede llegar a entorpecer seriamente los cambios progresistas que el gobierno está llevando adelante. *