El gobierno en la frontera

El Presidente de la República ha dado muestras, una vez más, de su estilo original, bien diferente por cierto del distanciamiento y las intermediaciones a que recurría su baqueteado predecesor, el Dr. Julio María Sanguinetti.

En la ciudad de Rivera, el pasado viernes, el Dr. Jorge Batlle tomó el toro por las astas y pudiendo ahorrarse el mal trago encaró a los grupos de manifestantes que, con singular elocuencia, protestaban contra algunas medidas de gobierno.

La modalidad del diálogo directo que practica el Presidente, ya lo hemos escrito más de una vez, contiene un elemento de civismo y sinceramiento que es muy rescatable, sobre todo después de largos períodos en los que prevalecieron las formas más enigmáticas y rudas del poder despótico.

No obstante, todos estos elementos positivos podrían llegar a agotarse rápidamente si el gobierno persiste en ciertas pautas sobresalientes de su orientación, sobre todo en el campo de las políticas económicas.

Algunas de las pancartas exhibidas por los manifestantes riverenses sintetizan, de manera compacta y reveladora, preocupaciones y demandas muy extendidas en la población, y no sólo de la ciudad de Rivera. Ni siquiera sólo de la frontera.

Cuando un grupo de personas manifiesta diciendo «Con nuestro voto ganaste y ahora nos matás de hambre», o cuando se reclama el cumplimiento de los términos del acuerdo que blancos y colorados asumieron en materia de recursos para la educación, se está colocando al gobierno en el centro de las responsabilidades contraídas y en la verificación o no de su seriedad para cumplir con la palabra empeñada.

Gran parte de la credibilidad de las instituciones democráticas depende de esa responsabilidad y esa voluntad de cumplir con lo prometido que tendrá que mostrar el gobierno.

En segundo lugar, la palabra del gobernante debe lanzarse con la serenidad y el aplomo de quien dispone del conjunto de la información y tiene en sus manos las palancas del poder.

Resultan, entonces, incomprensibles y no dejan de producir cierto desasosiego, las expresiones de Batlle referidas a que algunas ramas de la administración –los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas– estarían aplicando medidas, como el «cero kilo» como venganza ante las acusaciones formuladas por Batlle de la existencia de funcionarios corruptos.

Ante un público que tiene determinado tipo de problemas, el presidente le agrega otro y es el gobierno no puede gobernar. De ser cierta la acusación del Presidente, las responsabilidades son de la pirámide administrativa en cuya cúpula revista el primer mandatario.

¿Pasan, como ha dicho Batlle, tres camiones por día cargados de pollos por la localidad de Masoller?

De ser así estaríamos ante la insólita situación de que todas las medidas –de cerco, control sanitario, eliminación de los posibles focos de contaminación– que se han adoptado en Artigas estarían siendo alegremente burladas por los grandes emprendimientos de contrabandistas que atentan no ya contra las leyes que regulan el ingreso de mercaderías al país sino los esfuerzos realizados para combatir el desarrollo de la aftosa en los rodeos.

Un tercer breve pero sustancioso diálogo enfrentó al presidente con un grupo de maestros que exigían mejoras para la educación.

El Dr. Batlle sostuvo en este lance que «cuando el país crezca lo primero que hará será pagar deuda».

Ante expresiones de manifestantes en el sentido que «el pueblo ya está pagando con hambre» el Presidente volvió a desarrollar un argumento de discutible validez aludiendo a la decisión gubernamental de publicar los sueldos de algunos sectores de la administración central o de las empresas públicas.

La transparencia en los movimientos financieros del Estado es un principio positivo y reivindicable.

Pero todo el mundo sabe en este país que, así como el problema principal del contrabando no son los pequeños bagayeros de los departamentos fronterizos sino los grandes aprovechadores que mueven capitales, transportes y locales de acopio, el problema de los recursos para mejorar los sueldos de los maestros y profesores no se resuelve apelando a los sueldos de algunos funcionarios públicos.