Intransigencia inexplicable

D esde su nacimiento, hace ya casi veinte años, LA REPUBLICA se ubicó sin excepción junto a las causas populares. Siempre hemos estado del lado de los débiles, de los no privilegiados, de los más vulnerables. Y en el caso concreto de los conflictos laborales, nos hemos pronunciado siempre a favor de los asalariados en contra de la prepotencia o la insensibilidad patronal.

No obstante, no podemos callar ante un conflicto a todas luces injusto; entre otras cosas, porque no somos esquemáticos ni dogmáticos. Y ocurre que este gobierno popular se ve acosado no solamente por la oposición política o por el empresariado aliado a ésta, sino que viene sufriendo embates y enfrentamientos, también, de parte de algunos gremios. Naturalmente que no abdicamos de nuestra defensa de las reivindicaciones sindicales porque sabemos que los asalariados han sido los más golpeados por las políticas neoliberales; ni tampoco estamos dispuestos a defender ciegamente al gobierno o darle siempre la razón sólo porque es un gobierno de izquierda. Pero entendemos que este gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez es tan radicalmente distinto de los que le precedieron, que no merece el mismo tratamiento que los anteriores.

El año pasado, con motivo de una acción patoteril de algunos miembros del gremio municipal, escribimos lo siguiente:

«Desde fines de los noventa –y como consecuencia de la flexibilización laboral llevada adelante por el gobierno del doctor Lacalle–, se había producido, de hecho, una congelación salarial. Con algunas contadas excepciones, los asalariados veían disminuir, año a año, su capacidad de consumo. Entre las excepciones a que aludimos, cabe destacar a los funcionarios municipales de Montevideo, que habían logrado un convenio colectivo en el que se preveían aumentos importantes. Sin embargo, como efecto de la crisis de 2002, el gobierno municipal capitalino no pudo hacer frente al compromiso asumido y trató, vanamente, de hacer comprender la situación a la dirigencia de Adeom. Con una intransigencia injustificada, el gremio tomó medidas drásticas y algunos de sus miembros observaron actitudes intolerantes, agresivas e insultantes contra jerarcas de una administración que se había mostrado siempre dispuesta a contemplar las reivindicaciones sindicales.

Como se recordará, el sindicato de municipales llevó el caso ante la Justicia y ésta se pronunció, finalmente, obligando al gobierno municipal a otorgar los aumentos correspondientes y a hacer efectivo el ajuste. El reclamo gremial era acorde a derecho pero su inflexibilidad fue injustificada teniendo en cuenta que el nivel salarial de los funcionarios municipales estaba (y sigue estando) bastante por encima de la media; por ello la actitud de Adeom concitó un rechazo abrumador de la sociedad.

Con buena disposición para lograr un entendimiento, la administración invitó a retomar el diálogo y planteó una propuesta de pago de la deuda en determinadas condiciones razonables. La asamblea de funcionarios decidió rechazar la fórmula que preveía el pago en cuotas y ajustar salarios en 2008. (…)

Adeom ha pasado de la intransigencia a la inflexibilidad y de ésta a la violencia verbal y física contra una administración comunal que siempre atendió sus reclamos e hizo todo lo posible para elevar el nivel salarial de sus funcionarios así como para otorgarles mejores condiciones laborales e incluso beneficios extras con los que no cuenta la inmensa mayoría de los asalariados uruguayos».

Pues bien, un año después, la realidad es la misma. El sindicato municipal muestra una intolerancia digna de mejor causa, y con ello va logrando un repudio cada vez mayor de la opinión pública. Porque si bien es cierto que en la última asamblea del gremio, las posturas más radicales resultaron derrotadas, el conflicto se mantiene, algunos servicios no se cumplen y los montevideanos son rehenes de la intransigencia. *