Las diversas realidades del salario público

Enrique Rubio *

El señor Presidente de la República tomó la iniciativa de hacer públicas las diversas realidades del salario público en los distintos sectores u organismos. El hecho tuvo alto impacto de opinión pública, ya que ha permitido mostrar una disparidad no por todos conocida donde el mismo empleador  el Estado  paga salarios con diferencias enormes entre los distintos organismos, con notorias incoherencias si comparamos sueldos de distintos lugares (porteros mejor pagados que profesores Grado 5, peones con más retribución que universitarios, las diferencias en sueldos de los distintos intendentes).

Las diferencias conocidas entre los sueldos se agravarían aun más si se tomaran en cuenta en la comparación a los funcionarios de la Administración Central (ministerios) o del Poder Judicial, y también si se agregara otro tipo de beneficios no estrictamente salariales como cobertura médica (personal y familiar), viáticos de alimentación, retribuciones o exoneraciones en especie, salario vacacional, etc. que en general reciben justamente los funcionarios que mejor remunerados están.

Lo primero que surge en el tema es llamar a responsabilidad a quienes han operado en la materia de forma de llegar a este estado de cosas. La realidad de hoy no surge del día a la noche, ni por generación espontánea. Seguramente el problema viene de larga data (se podría hacer algún estudio al respecto) pero se ha agravado en estos últimos 15 años. Según algunos estudios, durante el período 85-2000 los salarios de los funcionarios del gobierno central perdieron un 18% de su valor real, a la vez que en forma paralela, el salario real de las empresas públicas tuvo un incremento del 39% y el de los municipales un incremento aun mayor. ¿La OPP desconocía la situación? ¿No le pareció conveniente hacer algo al respecto? ¿No visualizó el problema o no lo consideró importante? Como en su dirección se reitera el nombre del contador Davrieux, titular del cargo durante 10 de los últimos 15 años, nos surge la duda de que sea la persona indicada para impulsar un plan de racionalidad y adecuación salarial global.

En forma paralela, vemos en los directorios de los Entes Autónomos un conjunto de nombres –presentes y futuros, a estar por la información de prensa– que en buena proporción son los perdedores del acto electoral; frustrados intendentes, diputados y senadores encuentran refugio en los entes, sin mayor experiencia o capacidad técnica para la tarea encomendada.

A partir del conocimiento de las tablas de salarios, una actitud posible es la demagogia fácil de condenar todos los sueldos altos. Creemos que es una actitud rechazable; desde una óptica de defensa de la gestión estatal como expresión del interés social, tenemos que tener presente que los recursos humanos capaces y calificados tienen un costo que hay que pagar, y éste no se fija en forma voluntarista sino que debe reflejar la situación del mercado laboral. De otro modo, la plantilla de funcionarios se transforma en algo así como el refugio de los menos aptos a través de una selección en contra de la capacidad, la eficacia y el tesón. Empresas del porte de Ancap, UTE o Ancel deben pagarle a su nivel gerencial sueldos acordes al volumen y complejidad de sus negocios. Otro tema distinto es el número de cargos de dirección y asesoramiento con salarios importantes. Es evidente que existen situaciones de privilegio tan numerosas como irritantes; habrá que analizar lugar por lugar a fin de determinar cuántos y cuáles de esos cargos justifican su existencia y su nivel salarial y distinguirlos de esa especie de premio consuelo o compensación por fidelidad política que se refleja en las contrataciones masivas que hemos conocido y denunciado recientemente.

¿Cómo remediar la situación, o al menos atenuarla? El Estado debe establecer pisos mínimos compatibles con el decoro. Y también techos máximos compatibles con la situación del país y la equidad. A mi juicio, la cuestión es igualar hacia arriba y no hacia abajo. El objetivo debe ser elevar las remuneraciones deprimidas; la situación debe mirarse desde la óptica de que el problema son los sueldos bajos, y no todos los altos (muchos de los cuales parecen altos porque los comparamos con los sectores sumergidos, pero un uruguayo que gane $ 15.000 y tiene familia a su cargo tampoco nada en la abundancia). El gobierno parece bien intencionado con los aumentos diferenciales que propone en el presupuesto. Pero con un ajuste anual, con el ritmo de aumentos que podemos prever, y tan dispares puntos de partida, un maestro alcanzará a un portero del BCU dentro de aproximadamente 100 años o tal vez nunca lo haga, y esto no es una exageración. Veamos los números: sobre un sueldo de $ 4.000, un 10 % de aumento (¿Bensión aceptará tal generosidad?) son $ 400; sobre un sueldo de $ 15.000 un aumento del 2% (un quinto del otro) llega a $ 300. La diferencia entre los sueldos, que es de $ 11.000 se achica anualmente en $ 100. Surge evidente que con ese único mecanismo no alcanza.

Las verdaderas soluciones pasan por otro lado; las leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas deben reflejar –si es que existe– la voluntad de mayor equidad en el salario público. Pero la realidad muestra que los funcionarios mejor pagados son mayoritariamente aquellos que no dependen del Presupuesto nacional. En ese sentido, las autonomías emanadas de la propia Constitución deben ser respetadas, pero la política salarial del Estado debe tener un marco global de justicia y equidad que también debe ser respetado. Se debe trabajar para el logro de acuerdos que permitan establecer en las remuneraciones de los sectores más sumergidos un piso digno y también, como contrapartida, un techo razonable para los cargos jerárquicos. Establecidos estos límites, la política salarial debe apuntar a su efectivización a través de todos los mecanismos existentes, ya sean los ajustes periódicos como los rubros salariales incluidos en las leyes antedichas.

La movida presidencial ya obtuvo sus primeros logros: el tema tuvo amplia difusión, se conoció en su real dimensión y se comenzó la discusión del mismo. Pero nadie está en mejor situación que el propio Poder Ejecutivo para instrumentar las mejoras y soluciones que esta realidad reclama. Soluciones que sabemos no son de un día para otro sino el resultado de un proceso de racionalización que llevará años pero que es necesario comenzar sin demora.

* Senador del EP/FA