Entre topadoras y negocios inmobiliarios

Tal como se ha venido informando desde hace una semana, una vez más el Cabo Polonio concita la atención de la sociedad.

Esa mágica zona del lejano sureste uruguayo vuelve a ser noticia a raíz de la confluencia de los intereses encontrados de pescadores, habitantes permanentes, veraneantes y militantes ecologistas por un lado, y los oscuros planes gubernamentales (Ministerio de Turismo y Mvotma) sobre los que ejercen su irresistible influencia especuladores y agentes inmobiliarios.

Con el argumento de la defensa y protección del medio –y particularmente de un área protegida, declarada patrimonio natural y reserva de la biosfera por la Unesco en 1976–, la Secretaría de Estado encargada del cuidado del ambiente se propuso proseguir con sus planes demoledores de viviendas en la zona: un cierto número de construcciones cercanas a la playa Sur serían derruidas por las topadoras con apoyo de efectivos policiales y militares en una operación bélica de tipo comando.

El hecho no es novedoso por cuanto hace cinco años el mismo Ministerio había procedido a un «reordenamiento territorial» que implicó la demolición de unas cien casas de veraneo. Esgrimiendo razones que tienen que ver con la protección de la reserva de lobos marinos y del ecosistema, el gobierno prohibió que se extendieran las construcciones irregulares como forma de evitar la concentración humana y preservar así el medio.

No hay que olvidar que en 1966 toda la zona comprendida entre la laguna de Rocha, el Cabo y Aguas Dulces (laguna de Castillos, arroyo Valizas, Punta del Diablo) había sido declarada monumento nacional de dunas por el gobierno de la época y que diez años más tarde la Unesco la declaró patrimonio natural y reserva de la biosfera. Desde entonces, los humedales (bañados y lagunas) así como el sistema de dunas móviles han concitado la atención mundial. La forestación de la región (emprendida por el Ministerio de Agricultura durante la dictadura con el propósito de fijar las dunas) representa un serio peligro para el equilibrio geográfico al impedir la movilidad de los médanos y permitir por ende un avance del mar sobre la costa arenosa.

Estas diferencias de criterio sobre la mejor manera de preservar el equilibrio ecológico y el paisaje natural tienen pues larga data y no merecerían quizá que nos ocupáramos del tema. Sucede, empero, que a la vandálica decisión ministerial –y el aparatoso y absurdo despliegue militar– se suma ahora una denuncia de la Asociación de Protectores del Cabo Polonio (Aprocapo) ajena en un todo a cuestiones de índole ecológica. Se trata nada menos que de una presunta especulación inmobiliaria consistente en loteos y venta de terrenos ubicados en el área protegida. Las 563 hectáreas de tierras que constituyen el monumento nacional de dunas son propiedad de la sociedad anónima Balkar, que las tiene en venta a través de la inmobiliaria puntaesteña Cruz del Sur. Salta a los ojos la existencia de una maniobra en la que están involucrados agentes privados y funcionarios, pues no es creíble que puedan ofrecerse en venta terrenos en un área protegida.

Toda el área –dentro de la cual están los terrenos en venta– estaba pendiente de expropiación, algo perfectamente coherente en razón de que se trata un patrimonio natural y reserva de la biosfera. Pero esa circunstancia permitió que alguien adquiriera las tierras a un precio irrisorio, y que, luego de varias maniobras con fines de evadir impuestos, se proceda al loteo y aparezcan esos terrenos en venta una vez que el presidente Sanguinetti –cuando faltaba menos de un mes para el fin de su mandato– junto con el entonces ministro de Ganadería Luis Brezzo decidió desistir de la expropiación de esos padrones.

Tenemos entonces que por una resolución de febrero de este año, el gobierno desafectó los terrenos del área protegida dando así luz verde al multimillonario negocio de Balkar e Inmobiliaria Cruz del Sur.

Así las cosas, se imponen algunas interrogantes.

En primer lugar, cuáles son las razones que llevaron al Ejecutivo a desafectar –y desproteger– las tierras hoy loteadas.

Y en segundo término: la demolición de viviendas, ¿responde a la necesidad de preservar un monumento natural de la posible depredación humana o con ella se pretende ‘lavar la cara’ y mejorar la imagen de la zona para facilitar el negocio inmobiliario?