Modernización del viejo capitalismo

C on la reglamentación de la Ley Nº 18.159, «de promoción y defensa de la competencia», en pocos días más el país incorporará a su legislación normas de la libertad de comercio y la competencia leal que vienen a llenar vacíos históricos en el ordenamiento legal. En el Uruguay tradicional no se compite sino que se especula con el defecto de los contratos en un área de confrontación, sin organización ni regulación de los mercados y sus agentes. En Uruguay la discusión académica y política sobre las reglas de la mejor competencia han sido desdeñadas olímpicamente desde su instalación en el debate universal de la última posguerra. La desidia uruguaya frente a los temas de la competencia sólo es similar a la que ostenta el pensamiento cultural dominante sobre cualquier iniciativa que tienda a conformar escenarios de modernidad económica. Ni los trabajadores ni los empresarios entienden o aceptan que la modificación estructural del mercado se juegue en el éxito de la estrategia del gobierno modificando las seculares estructuras del capitalismo deformado y dependiente. Este gobierno se enfrenta a inhibiciones culturales fuertes cuando intenta avanzar en las reformas de las viejas relaciones de producción.

La nueva disposición introduce en el país un método para identificar las prácticas desleales que afectan la competencia y más importante que ello aún, revela la predisposición del gobierno a enfrentar una negación cultural de vieja estirpe, promoviendo la competencia sana como práctica virtuosa del quehacer económico y social.

Como tantas otras iniciativas de cambio estructural promovidas por este gobierno, es presumible que el decreto reglamentario de la Ley Nº 18.159 no pueda modificar algunas limitaciones que tiene esa norma. Empero, como la reforma del régimen tributario o la del sistema de salud, las concesiones han sido provistas en la motivación explícita del gobierno de echar a andar procesos dinámicos de modernización estructural. Y es en esta perspectiva que importa ponderar el esfuerzo por reorientar la función del Estado promoviendo escenarios en los cuales los agentes económicos ­públicos y privados­ se sientan más seguros y expuestos realmente a los estímulos del éxito o la sanción del fracaso. La Ley Nº 18.159, conjuntamente con el nuevo sistema tributario, la ley de quiebras y reestructura empresarial próxima a su sanción legislativa y el proyecto de reforma de la Ley orgánica del BCU constituyen un pilar estructural del programa de transformaciones estructurales. Cualquiera de las tres iniciativas es provocadora y atentatoria contra reglas de juego que han sido explotadas históricamente por los poderosos. Esas tres normas del trípode sobre el cual el gobierno pretende construir una nueva confianza económica con amplia participación social, quizá la de mayor impacto sea, precisamente, la que comenzará a regir en los próximos días. Inmediatamente a que sea aprobado su Decreto reglamentario e instituida la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, quedará instituido un escenario en el cual las buenas prácticas de comercio y el derecho de los consumidores de hoy y los de mañana podrían conciliarse en un país de nuevas esperanzas. Sólo hay que atender el juego, entenderlo y despreciar todo lo que colida con la esencia del espíritu esencial de la Ley. Eso supone, más que vigilancia, esfuerzo ciudadano en revertir el condicionamiento de una educación propensa a cuanto arreglo y conciliación pueda hacer el viejo Estado con los grupos de poder.*