Delito y violencia social en América Latina

La desembozada utilización de armas de fuego de grueso calibre en atracos, dentro de la diversidad y multicolor periferia de ciudades en Latinoamérica, los recientes sucesos motivados por el secuestro de armamento de guerra desde la Base «Boiso Lanza» en Uruguay, el asesinato a mansalva de policías a manos de criminales menores de edad, vinculados al narcotráfico en los suburbios de Santiago, Chile, han determinado a las autoridades y a referentes políticos de la talla del socialista José Miguel Insulza, ministro de Interior del país trasandino por más de diez años y actual secretario general de la OEA, a afirmar que » ya existen zonas dentro de ciudades y regiones completas en los países de América Latina y el Caribe en las que la institucionalidad del Estado está siendo sustituida por el poder de hecho de grupos delictuales». Esta compleja situación ha llevado a programar una reunión de Ministros de Seguridad Pública o sus equivalentes para abordar el flagelo y coordinar políticas de prevención delictual en el hemisferio.

De acuerdo con el actual Informe Mundial de Violencia, de la Organización Mundial de La Salud, América Latina y el Caribe, se constituyen como la segunda zona más violenta del mundo.

Los índices de violencia intrafamiliar, con preferente énfasis en mujeres indefensas violadas y asesinadas, nos obliga a reflexionar sobre la multicausalidad del delito, la pobreza y exclusión como factores potenciales de una realidad latente y exasperante que debe contenerse y derrotarse en acciones concretas, porque va en ello la supervivencia de nuestras democracias reconquistadas con mártires, exilios, detenidos desaparecidos y sacrificios mayúsculos que demostraron empíricamente la capacidad y el potencial de los pueblos para sacudirse dictaduras y conquistar tiempos de más felicidad.

Hoy América Latina se enfrenta, en medio de un crecimiento económico sostenido a la irrupción de bandas criminales muy poderosas y de un nuevo y preocupante desborde institucional signado por el crimen organizado.

La izquierda, en muchos casos conformando los gobiernos de América Latina y su impronta y adherencia sustantiva a la Doctrina de los Derechos Humanos, no debería confundir ciertos presupuestos básicos al actuar en defensa del ciudadano común que vive de su salario y paga sus impuestos.

La policía representa el Estado de Derecho, representa el legítimo ejercicio del principio de autoridad en una sociedad democrática. Asesinar a un policía en el legítimo accionar de su misión preventiva del delito y en el marco de naciones democráticas de América Latina es matar la ley, es enviarle a la sociedad un inequívoco mensaje en el cual la única interpretación posible es la muerte del sistema y de los valores que el sistema representa, sometiendo a los colectivos sociales a una sensación térmica efectiva de que el poder de los estados no funciona, no posee por tanto capacidad operativa para desarticular el delito organizado.

Es, finalmente, señalarle a los mandatarios y representantes democráticamente electos que, frente al poder soberano del pueblo, se levanta un poder paralelo emparentado con el narcotráfico y otras formas oprobiosas de prácticas reñidas con la paz y la civilización democrática del continente.

En esta lógica de razonamiento no deben existir derechas ni izquierdas. La Policía debe ser profesional y eficiente en su tarea diaria de combate a la violencia social y a la delincuencia. El Estado no puede ser ambivalente en el legítimo uso de la coerción. La población debe actuar proactivamente en conjunto con la autoridad pública y con todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil para hacer de nuestra región una tierra de paz, denunciando y combatiendo todas y cada una de las expresiones de violencia.

La reafirmación positiva de los derechos humanos se manifiesta en la actitud cotidiana que cada sujeto de derecho hace de esos derechos, cumpliendo, en primer lugar y antes que nada, con la obligación y el deber de respetar y no transgredir las formas de convivencia pacífica, los buenos hábitos, en todos y cada uno de sus actos. En ello la familia, como núcleo social básico y lo que ella representa, no puede estar ausente a esta lucha por su propia supervivencia, frente al poder criminal organizado. No pueden haber padres desentendidos de sus deberes, frente al esclavismo de la droga. Digámoslo sin ambigüedades. Debe haber mucha solidaridad social, compromiso y amor para desarticular la violencia social, y esa tarea comienza en el hogar.

Debe, finalmente, educarse para la paz en el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos desde la cuna, debe integrarse socialmente a «tribus urbanas» que durante décadas han sobrevivido al margen de estados ineficientes y gobiernos indiferentes a sus necesidades básicas.

Se ha gestado en América Latina una marginalidad explosiva que reúne códigos y valores muy ajenos a una convivencia social pacífica y a la que debe apuntarse y trabajar, no ya en diagnósticos, sino en la implementación de políticas públicas inclusivas, destinadas a desactivar la violencia del hambre y de la falta de oportunidades. En esta muy somera mirada y en especial cuando nos detenemos a analizar un producto social particularmente estigmatizado, el rol de una Policía profesional y honesta, comprometida y educada en valores democrático republicanos, debe ser asumida por todos los actores sociales y políticos como un estándar de calidad democrático, como un valor inherente a una sociedad tolerante y respetuosa de sus semejantes. *