El pueblo tiene la palabra

El martes pasado, en una sala de El Galpón desbordada, se lanzó la campaña que busca la anulación de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, popularmente conocida como Ley de Impunidad.

La campaña está encabezada por la Comisión Nacional por la Nulidad, integrada por dirigentes políticos de izquierda, sindicalistas, dirigentes estudiantiles, cooperativistas y figuras del arte y la cultura.

El mecanismo elegido es la recolección de 250 mil firmas para habilitar un plebiscito que se realizaría simultáneo con las próximas elecciones nacionales y por el cual, mediante una reforma constitucional, se anularía la ley.

Desde estas páginas fuimos firmes opositores a la Ley de Impunidad y partícipes de la campaña popular por derogarla; tanto en la exitosa recolección de firmas, más de 650 mil, como en la desigual lucha política, ideológica y mediática que culminó con su ratificación en abril de 1989.

Nadie en la izquierda discute que estamos ante una ley nefasta: porque expresa un acuerdo político de la derecha para otorgarle impunidad a los responsables de las peores violaciones a los DDHH de la historia del Uruguay; porque se aprobó en medio de presiones desembozadas y por lo tanto tiene un origen espurio; porque ni siquiera fue cumplida a cabalidad, ya que los gobiernos blancos y colorados nunca cumplieron su artículo 4º y nunca investigaron la suerte de los desaparecidos, es más, la utilizaron como un candado para cerrar cualquier intento de investigación y también porque varios organismos internacionales, en particular la Comisión Interamericana de DDHH en su resolución 29/92 de hace 15 años, la han declarado ilegal y en contradicción con todos los convenios internacionales en la materia.

Nadie en la izquierda tampoco discute que en este gobierno se han realizado en dos años los avances más importantes de nuestra historia reciente en materia de DDHH. Las excavaciones en los cuarteles, que continúan; el hallazgo hasta el momento de dos cuerpos de ciudadanos desaparecidos y el decidido impulso a todas las investigaciones en el Poder Judicial, expresado en la exclusión de la Ley de Caducidad de decenas de casos de desapariciones forzadas. A ello, sólo por citar las iniciativas más importantes, hay que agregar la publicación de cinco volúmenes, con la información más exhaustiva conocida hasta el momento sobre la represión en la dictadura.

Tampoco nadie discute que la ley fue avalada por un pronunciamiento ciudadano en las urnas, con la precisión de que esa votación se dio en medio de una de las campañas más descaradas de miedo y presión sobre la población.

Los ciudadanos que impulsan la recolección de firmas y el nuevo plebiscito sostienen que hay que eliminar, «declarar la inexistencia», dijo el doctor Oscar López Goldaracena en el acto de lanzamiento, de la cultura de la impunidad y de su principal instrumento jurídico.

Hay muchas consideraciones políticas y lecturas que pueden realizarse sobre esta iniciativa, pero lo que está fuera de duda es su legitimidad democrática.

Los tiempos cambian, la campaña del terror realizada en 1989 por la derecha y los medios del poder hoy no tendría el mismo impacto, muchos velos se han descorrido y la verdad ha ido ganando en forma consistente espacios en la sociedad.

La iniciativa de debatir en todo el cuerpo social las consecuencias de la impunidad y la necesidad de cerrar este capítulo vergonzoso de la historia de la democracia uruguaya son sanas y contribuirán aun más, a asegurar que el terrorismo de Estado nunca más tenga lugar en nuestra patria.

Sobre la anulación o no de la ley, el pueblo tendrá la palabra, el debate democrático y la contribución a terminar definitivamente con la cultura del silencio y la impunidad, no pueden ser otra cosa que beneficiosos para construir una democracia plena y una sociedad más justa. *