Lanzamiento de campaña para anular la Ley de Caducidad

Escrito por: GABRIEL SERE  Integrante de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad

El próximo 4 de setiembre a las 19 horas en el Teatro El Galpón se inicia la campaña de recolección de firmas para promover una reforma constitucional que declare la nulidad de los artículos 1 a 4 de la Ley de Caducidad.

Para que el texto de la reforma constitucional pueda ser plebiscitado en las próximas Elecciones Nacionales, será necesario que más del 10% de los ciudadanos habilitados manifiesten con su firma el apoyo a la consulta.

Anular la Ley de Caducidad es un imperativo ético y político de todos los uruguayos. Esta Ley fue sancionada por el Parlamento en el año 1986 bajo presión de los militares de la época y en el año 1989 por iniciativa popular fue sometida a referéndum y no logró ser anulada, en una campaña plagada de amenazas y de censura contra los promotores de su anulación.

Aún así la ley sigue siendo nula, nació con un vicio de nulidad que no puede ser levantado y es contraria a normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La Ley de Caducidad es violatoria del principio de separación de poderes pues lesiona la independencia del Poder Judicial subordinándolo al Poder Ejecutivo. Al amparo de esta norma los gobiernos anteriores han bloqueado la investigación sobre las violaciones a los Derechos Humanos y el juicio a los responsables del terrorismo de estado durante la dictadura.

Si bien esa política ha cambiado en este gobierno, la vigencia de la Ley 15.848 no garantiza que las investigaciones sobre nuestro pasado y la acción libre de la Justicia puedan continuar con cada cambio de gobierno.

El Poder Judicial tampoco puede continuar las investigaciones en los casos que ya fueron comprendidos en la Ley por parte de los gobiernos anteriores, como es el caso de María Claudia García de Gelman.

Quienes crean que la anulación de esa ley es una forma de revisión o de revanchismo no creen en la independencia del Poder Judicial ni terminan de entender el escollo que significa esta ley en la construcción de nuestros valores democráticos. Anular la Ley no significa dictar un acto de culpabilidad sobre nadie sino que implica permitir la acción plena de la Justicia. Queremos construir una sociedad en la que el ciudadano sienta respeto y orgullo del Poder Judicial, que crea en su capacidad de actuar con independencia y equilibrio.

Hoy por hoy, tras conocer las dimensiones que alcanzó la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, y habiéndose confirmado la existencia de vuelos clandestinos y la aplicación sistemática del terrorismo de Estado contra la población, debemos preguntarnos en virtud de qué valores estamos manteniendo una ley que protege a criminales de lesa humanidad y obstaculiza la investigación y la verdad sobre el pasado.

Ley que sólo quienes temen a la Justicia o no creen en nuestra democracia pueden defender.

La Ley de Caducidad protege a criminales de lesa humanidad, a quienes usaron y desviaron el poder del gobierno contra la población, sembrando el terror, secuestrando, violando y torturando a ciudadanas y ciudadanos, secuestrando sus hijos y robándoles su identidad.

La vigencia de la Ley es un obstáculo para la unidad nacional pues mantiene bajo sospecha a las Fuerzas Armadas, que albergan en su seno a esos criminales de lesa humanidad. La única manera de avanzar en una verdadera reconciliación nacional es que nuestras Fuerzas Armadas queden libres de ese estigma y asuman plenamente -sin importar cuáles sean las circunstancias políticas que nos toque vivir en el futuro- que los Derechos Humanos son parte escencial e inviolable de nuestra identidad y de nuestra convivencia democrática.

Nuestra democracia seguirá incompleta mientras haya quienes justifiquen de alguna manera el terrorismo de Estado o cuestionen la independecia del Poder Judicial e interfieran en su libre accionar para investigar y juzgar a los culpables de esos crímenes.

Anular la Ley de Caducidad es un compromiso con una forma de entender la democracia, que se sustenta en el respeto a los Derechos Humanos como un valor constitutivo de nuestra identidad.

Por ser una ley que nació nula, el Parlamento Nacional tiene la posibilidad y el deber de anularla pero mientras no asuma esa iniciativa los uruguayos debemos avanzar en la construcción de nuestra identidad democrática promoviendo su anulación a través de una reforma constitucional.

Sabemos que una vez anulada la Ley de Caducidad muchos violadores a los Derechos Humanos seguirán igualmente libres por falta de pruebas suficientes.

Pero es por la recuperación de esas garantías -que ellos no otorgaron a sus víctimas-, por el sinceramiento de la sociedad con su pasado, y por la profundización de nuestros valores como ciudadanos y como seres humanos, que los uruguayos debemos anular la Ley de Caducidad permitiendo así cerrar un capítulo triste de nuestra historia. *