"Malvender las empresas públicas rentables"

La ONU en el juego de las transnacionales

La eficiente Agencia Latinoamericana de Información, con sede en Quito, acaba de difundir un trabajo del doctor Alejandro Teitelbaum referido al proceso de subordinación a los intereses de las empresas transnacionales a que viene siendo inducida la Organización de las Naciones Unidas.

El doctor Teitelbaum es un prestigioso jurista argentino afiliado a la Asociación Americana de Juristas con sede en Ginebra.

Teitelbaum vive en Suiza desde hace alrededor de 25 años y se ha especializado en temas de derechos humanos y cuestiones referidas a los organismos internacionales.

De acuerdo con el jurista argentino, desde hace ya bastante tiempo existe por parte de algunas organizaciones no-gubernamentales la preocupación por lo que se ha denominado la «infiltración» de sociedades transnacionales (como Nestlé, Ciba-Geigy, Hoffmann-La Roche, Sandoz, Massey Ferguson, etc.) para influir en diversos organismos del sistema de Naciones Unidas.

Cree el autor que actualmente ya no se trata de infiltración sino de abrirle de par en par las puertas de la ONU a las empresas transnacionales, siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros, quitándoselo a sus legítimos depositarios, que son los Estados y los pueblos.

El jurista argentino pone el énfasis en un tema que es de gran actualidad para Uruguay: la cuestión de las privatizaciones.

Comentando un informe del actual secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, «La Capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible», el jurista aporta algunos conceptos sumamente interesantes.

Kofi Annan hace la apología de la desregulación y propugna «la venta de las empresas públicas confiando la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros».

Para el secretario general de la ONU todas las grandes empresas rentables deben estar monopolizadas por el gran capital transnacional.

Y apunta bien Teitelbaum: lo de Kofi Annan, «es un intento de legitimación de la política practicada a escala mundial de malvender las empresas públicas rentables (a veces mediante procedimientos francamente corruptos) para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas».

Por momentos pareciera que el jurista argentino está haciendo referencia a los procesos entablados en Uruguay ahora con Ancel y el año pasado con la Terminal de Contenedores de la Administración Nacional de Puertos.

K. Annan, termina diciendo el autor, parece ignorar que el sector público ha contribuido al progreso y a la cohesión social y a la innovación tecnológica. El análisis de Annan omite tener en cuenta que, con frecuencia, imponer los criterios de gestión propios del sector privado, entre ellos el de ganancia, tiene un efecto negativo sobre las empresas públicas, socava sus fines y la noción misma de servicio público.

En esta misma línea de pensamiento, las autoridades de la ONU han seguido dando pasos para estrechar las relaciones entre el organismo internacional y las grandes empresas. Un proyecto del secretario general, llamado «Global Compac» apuntado en ese sentido ha sido denunciado por varias organizaciones no gubernamentales como Amnesty y los sindicatos norteamericanos.

Alrededor de 44 empresas transnacionales, varias de ellas autoras o cómplices de graves violaciones a los derechos humanos o partícipes notorias en la corrupción de funcionarios públicos en distintos países, se reunieron el pasado 25 de julio con altos funcionarios de las Naciones Unidas para «establecer mejores mecanismos de relacionamiento».

Como se puede apreciar, el fenómeno de la presión privatizadora y transnacionalizadora ha alcanzado un grado de desarrollo y de poder extremadamente grande. De ahí la importancia y el carácter titánico que tiene la defensa de nuestras empresas públicas amenazadas, cuyo caso más visible y actual es Ancel.

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