Debates pendientes

E n dos maratónicas jornadas, el plenario del Senado discutió –y aprobó por mayoría– la Rendición de Cuentas. No es nuestra intención referirnos a dicha ley, sino abordar algunos temas que surgieron en el debate parlamentario como consecuencia del tratamiento de determinados artículos de la Rendición.

Entre otros varios temas que los senadores abordaron y que desbordaron la órbita de la Rendición de Cuentas, nos detendremos en dos: la enseñanza y la situación carcelaria. En efecto, ciertas disposiciones contenidas en la Ley de Rendición de Cuentas tuvieron por efecto disparar el debate sobre asuntos de real importancia que trascendieron la discusión puntual y promovieron una interesante polémica más general.

A raíz de una disposición que obliga a las jerarquías castrenses a contratar servicios educativos con el sistema público de enseñanza, y que sólo autoriza a realizar convenios con institutos privados en caso de que el sistema público no brinde la enseñanza requerida, el debate derivó hacia un terreno más bien ideológico en el que se contrapusieron dos visiones opuestas sobre la enseñanza pública y la privada. Quedaron claramente delimitadas dos concepciones respecto del asunto: los partidos tradicionales, partidarios del libre mercado y defensores a ultranza de la enseñanza privada; y por otro lado, los senadores de la izquierda, respetuosos de la libertad de enseñanza y de la existencia de instituciones privadas, pero con una clara definición a favor de la enseñanza pública.

Si hay un deterioro de la educación brindada por el Estado, ello no debe verse como un argumento a favor de la enseñanza privada, pues ese deterioro es resultado del abandono de que fue objeto la enseñanza estatal por parte de las autoridades desde hace casi cuarenta años, y muy especialmente desde la nefasta dictadura cívico-militar. Creemos, pues, que la gran meta que debe perseguir el Ministerio de Educación y Cultura es volver a dotar a la enseñanza pública de los recursos materiales y humanos necesarios para que ésta recobre su antiguo y perdido prestigio. En un país en el que los índices de pobreza se mantienen en niveles inaceptables, el Estado no puede razonablemente abandonar la enseñanza a su suerte pues ello implicaría obligar a los jóvenes uruguayos a formarse en universidades privadas, algo absolutamente fuera del alcance de las clases menos favorecidas e incluso de la clase media baja.

El otro tema a que nos referimos al comienzo es, también, un problema muy sensible para el ciudadano medio. La situación carcelaria se ha convertido en un problema a raíz del hacinamiento en que viven los reclusos en la mayoría de nuestros establecimientos penitenciarios. Ese crecimiento exponencial de la población carcelaria se debe, a su vez, al aumento de la actividad delictiva; tal vez de no mediar esta circunstancia que conmueve a la población, el ciudadano común tendría una actitud más prescindente respecto de las condiciones de reclusión, pero el hecho es que resulta cada vez más frecuente oír el reclamo de que se construyan más cárceles. El tratamiento de este tema en el Senado también desnudó la diferencia conceptual existente al respecto entre los partidos tradicionales y la izquierda. En efecto, mientras blancos y colorados en líneas generales se suman al clamor por mayor rigor punitivo, y la única solución que aportan al problema de la superpoblación carcelaria es la construcción de más cárceles, los representantes del Frente Amplio –sin dejar de reconocer la necesidad de descongestionar las cárceles y de proceder a la construcción de nuevos establecimientos de reclusión– ponen el acento en el combate a las causas de la delincuencia (la pobreza, la ruptura del entramado social, la deserción escolar, etcétera), en la pertinencia de las penas alternativas y en la necesidad de atender mejor los aspectos vinculados con la rehabilitación de los infractores, su reeducación y su reinserción social.

Coincidimos con el planteo de la izquierda pues limitar la solución del problema a construir más cárceles implica atacar sólo sus efectos.

En fin, son debates que la sociedad debe darse de manera tal que las soluciones surjan de consensos lo más amplios posible. *