El presidente Batlle está en omisión

Héctor Morales Techera

P. E. Decreto 500/91: Artículo 175: Todo funcionario público está obligado a denunciar las irregularidades de que tuviera conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentara particularmente.

Asimismo deberá recibir y dar trámite a las denuncias que se le formulen al respecto. En uno y otro caso las pondrá en conocimiento de sus superiores jerárquicos.

P. E. Decreto 500/91: Artículo 176: Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la denuncia policial o judicial de los delitos, de conformidad con lo establecido en el art. 168 numeral 10 de la Constitución de la República y en el art. 177 del Código Penal.

P. E. Decreto 500/91: Artículo 177: La omisión de denuncia administrativa y policial o judicial configurará falta grave.

P. E. Decreto 500/91: Artículo 179: La denuncia deberá contener en forma clara y precisa, en cuanto sea posible, la siguiente información:

a) Los datos personales necesarios para la individualización del denunciante, denunciado y testigos, si los hubiere;

b) Relación circunstanciada de los actos, hechos u omisiones que pudieran configurar la irregularidad.

Primero, cuando recién apareció el brote de aftosa en Artigas, la culpa la tenía la chancha, luego el pequeño productor, dueño de la chancha, ahora la culpa, según el señor Presidente de la República, la tienen los compañeros aduaneros que permiten pasar por la frontera las bolsas de ración brasilera, a razón de $ 2.000, por bolsa.

Nos preguntamos cuál de las tres acusaciones del señor Presidente es la correcta, si es que alguna de ellas lo es; nos preguntamos cuánto sale cada bolsa y si le vale la pena criar animales a los productores que supuestamente pagan esas coimas; nos preguntamos ¿el señor Presidente no es funcionario público? ¿Si lo es, no está obligado a cumplir con la normativa vigente, incluidos estos cuatro artículos del Decreto 500/91?, ya que hasta ahora describió con lujo de detalles delitos de contrabando y de corrupción, pero no dio ningún nombre y apellido. Violando groseramente las normas aludidas, y en caso de que los dolos sean ciertos, al callarse información se está convirtiendo en cómplice.

Nosotros estamos seguros que sí, que el señor Presidente, como primer funcionario público del país está obligado no sólo a hacer cumplir la normativa vigente, sino a respetarla, él en primer lugar, y si no lo hace, como en este caso, está también incurriendo en omisión, y la omisión, para todos los funcionarios públicos, es causal de destitución. Razones por las cuales ante el hecho de que el señor Presidente no cumplió con lo dispuesto, y al parecer tiene información que no brindó a los organismos competentes, lo que lo convertiría en cómplice de acciones delictivas, rápidamente el Poder Legislativo debería iniciarle Juicio Político, ya que la ciudadanía, por la falta de seriedad con que está manejando este doloroso y extraño episodio, y por el despotismo con que está tratando a los habitantes pobres de la lejana frontera Artigas Quaraí, lo ha enjuiciado, declarándolo culpable (incluso cavilando sobre lo oportuna que fue la aparición de esta plaga, para aquellos que ya no tienen más argumentos para negar la inviabilidad de los proyectos deshumanizados que nos están imponiendo, y que son los verdaderos y únicos culpables de la desastrosa situación del país).

De más está declarar nuestra total y fraterna solidaridad hacia nuestros hermanos pobres de Artigas (la mayoría de ellos votantes del señor Presidente, más allá de que las elecciones ya hayan pasado), que están sufriendo las consecuencias de tanto patrioterismo, lo mismo que para nuestros hermanos aduaneros, a los cuales se está enchastrando genéricamente, en forma gratuita, por parte de quien debería ser el primero en dispensarles el mayor respeto.

* Dirigente de COFE