Nueva ley de urgencia: falta de imaginación

Jorge R. Bruni

Se conocen algunos contenidos de la nueva Ley de Urgencia.

Un estudio primario nos permite concluir que se persiste en una política tributaria en seguridad social, que no vacilamos en comparar con lo que hace ese animalito que anda en bandadas que grita en un lado y pone el huevo en otro: el teru-teru.

No le podemos imputar a ese querido zancudo alborotador y chillón, además del disimulo, el doble discurso. Pero sí podemos atribuírselo a los últimos Poderes Ejecutivos.

¿Cuántas veces hemos escuchado a la derecha vernácula, a los ministros de Economía, vociferar contra la seguridad social, inculpándola de ser la responsable mayor de que el gobierno tenga que transferirle cuantiosos recursos gubernamentales para paliar el déficit?

Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, parece ser el mensaje gubernamental. Gritemos contra el BPS por el déficit que nos origina. Pero a la vez, imitando al tero y su huevo, la política que lleva adelante el superior gobierno contribuye a desfinanciar al BPS.

Se persiste como eje central y casi exclusivo, en la rebaja de aportación patronal. Se nos podrá decir que es una forma de instrumentar políticas tributarias que favorezcan la competitividad país y el empleo, lo que en principio no sería rechazable si se aplicaran políticas coherentes y globales.

Pero ¡por favor! no de esa forma parcial, que por reiterada y poco imaginativa termina aburriendo, lo que no sería tan trágico si no fuera que la regresividad con que se aplica, origina nefastas consecuencia sociales.

El sector rural

Un ejemplo más que elocuente es lo que sucede con la actividad rural, contemplada una vez más en este segundo proyecto de Ley de Urgencia.

Se insiste en la reducción de la tasa de aportación patronal rural que ya se venía concretando a través de la Ley de Presupuesto Nº 16.736, Ley 17.143 del año 1999 y la primera Ley de Urgencia 17.243.

Exoneraciones y/o reducciones de carácter totalmente regresivas además. Un ejemplo lo constituye el hecho de que la desde 1996 en adelante, creció un 80%, esto es, del 11% al 19% aproximadamente.

En cambio, la del sector patronal, exoneraciones mediante, significó una rebaja de relativizado en parte por la mayor recaudación de los aportes patronales de unipersonales rurales y cónyuges.

Se reitera una política regresiva en materia de financiación que hasta 1996, en forma importante aunque no exclusiva, era de imposición directa sobre la tierra, gravando en menor proporción al sector agrícola que el pecuario, existiendo cierta progresividad, lo que diferenciaba en forma interesante del resto del sistema tributario regresivo existente en el país.

En 1996 se invierte la tendencia. Se alinea al sector rural con el sistema general tributario: imposición fundamentalmente indirecta, equiparación de los subsectores agrícola-ganadero, privilegiando al sector forestal.

En otros términos: se origina una redistribución del sector agrícola al ganadero, de las pequeñas a las grandes extensiones, y de los que producen tecnificadamente a los que lo hacen tradicionalmente.

De la progresividad anterior se llega a la uniformidad, lo que resulta inequitativo.

El ejemplo del sector rural es sólo uno de ellos. Sucede en otros. El sector manufacturero sería otro a analizar. Será en otra oportunidad.

Parcialidad de enfoques

Otro aspecto a resaltar es que según la política que se lleva adelante, para el pensamiento gubernamental parece ser que la única causa de la falta de competitividad radica en la aportación a la seguridad social, lo que de ninguna forma es correcto.

Es más, es absolutamente parcial y unilateral sostener eso.

Lo hemos dicho una y mil veces: los costos laborales y cargas sociales no son la principal causa, ni mucho menos, de la falta de competitividad, en lo que machaconamente insisten los gobiernos.

¿Cómo es posible que los costos laborales del mundo desarrollado sean varias veces superiores que los nuestros latinoamericanos, y sin embargo ellos son competitivos y nosotros no?

La cosa pasa por otro lado, señores.

Europa ha generado en los últimos 3 años, 4 millones de puestos de trabajo, estimándose que en el año 2000 se crearán entre 2 y 2,5 millones más.(1)

Y no ha sido precisamente la flexibilidad ni la desregulación del derecho del trabajo el motivo principal de ello.

Inversión tecnológica, capacitación profesional, reconversión empresarial con espíritu de modernidad, reducción de la jornada, negociación colectiva, etc., son aspectos sustanciales de cualquier política de empleo y de fomento de la competitividad.

A lo que habría que sumar audacia e imaginación. Que brillan por su ausencia en nuestros gobernantes.

(1) Juan Manuel Rodríguez: «Por qué disminuye el desempleo en Europa»

* Integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS.