Hacia una administración transparente

E n nuestra edición de ayer se publica una extensa entrevista al diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela. Este legislador preside la Comisión Investigadora sobre irregularidades en los entes durante el periodo 2000-2005. Dicha comisión ha detectado irregularidades especialmente graves en la gestión del Banco Hipotecario bajo la anterior administración, lo cual ha llevado al banco estatal al borde de la quiebra.

Independientemente de errores, negligencias u omisiones, la comisión concluye que ha habido un manejo irresponsable de parte de la administración anterior, con gastos abultados e innecesarios en viajes, contratación de personal, publicidad, etcétera. Adviértase que son precisamente esos rubros los que generan mayor irritación entre la población, que suele percibir la actividad política como un gran mercado de trueque de favores y de mal uso –y abuso– de los fondos públicos.

En febrero pasado, escribimos a propósito de la divulgación de las irregularidades cometidas en OSE:

«El hombre de la calle, el ciudadano común, necesita volver a creer en las instituciones y en el correcto funcionamiento de los mecanismos establecidos en la legislación para prevenir los delitos y para castigarlos si ya se han cometido.

Ese ciudadano de a pie empieza a percibir que la impunidad se va resquebrajando; y no nos referimos solamente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pues tan irritantemente injusta es la impunidad de que gozaron los terroristas de estado como la que solía amparar a algunos dirigentes políticos (omisos en el cumplimiento de su deber) merced a la actitud cómplice de correligionarios fieles exponentes de la cultura del ocultamiento.

No vale la pena insistir sobre los detalles de las irregularidades constatadas pues el lector puede encontrar en nuestras páginas de información todo lo atinente al asunto. Pero sí corresponde detenerse a reflexionar un poco sobre ciertas prácticas incorporadas desde hace demasiados años al modus operandi del estereotipo del dirigente político uruguayo (y de otras partes del mundo también, bueno es reconocerlo).

Estamos hablando de lo que se conoce como clientelismo, nepotismo y amiguismo, prácticas habituales en aquellos dirigentes intermedios o pequeños caudillos, para quienes pagar votos con favores siempre fue considerado como algo normal. Favorecer o privilegiar a correligionarios, familiares o amigos nunca fue visto como una falta ética y mucho menos como una conducta delictiva. Sin embargo, tales hábitos son contrarios al derecho y a la moral, por más que el otorgante de favores o privilegios a veces no perciba directamente ningún beneficio económico. Dichas prácticas son contrarias a la moral por cuanto consagran flagrantes injusticias al perjudicar a otro ciudadano que quizá cuenta con mejores méritos o con mayor idoneidad que el beneficiado. Y son contrarias a derecho desde el momento que lesionan los intereses del organismo y perjudican al Estado y a la sociedad en su conjunto. En definitiva, pueden considerarse actos de corrupción.

El sistema judicial uruguayo está dando otra lección de independencia, de solvencia técnica y de eficiencia. En razón de ello, la comunidad debe regocijarse y mirar el futuro con optimismo».

Saludamos, pues, la labor de esta comisión parlamentaria que permitirá conocer el pequeño juego de venta de influencias y aprovechamientos que la opinión pública denuncia pero que nadie probó. Pero sobre todo, ciframos nuestras esperanzas en que esto sea el punto de partida para erradicar definitivamente tales prácticas nocivas. Por el bien del país y de su gente y por la credibilidad del sistema político. *