Arrogancia norteamericana contra el Tribunal Penal Internacional

Algunos episodios recientes, referidos a los avatares extranjeros de ciertos reconocidos violadores de los derechos humanos, han vuelto a colocar con fuerza la cuestión del Tratado de Roma y la creación de un Tribunal Penal Internacional que se ocupe de los acusados de delitos contra la humanidad.

Ha sido el caso, en estos días, de Vladimiro Montesinos, hasta hace poco Rasputín en la corte de Fujimori, que a su sorpresivo regreso de Panamá ha dado lugar a rocambolescas persecuciones por parte del presidente en persona. ¿Ante quién, dónde y cuándo dará cuenta de sus atropellos?

Esa era la situación de Pinochet hasta hace unos meses, antes que la Suprema Corte de Justicia chilena lo despojara de sus fueros y lo dejara desnudo frente a la acción de la magistratura.

O la situación del ex mayor Jorge Olivera, reclamado por la justicia francesa, detenido en Roma y que logró recuperar su libertad auxiliado de un certificado falso.

La situación también está planteada para el represor de la ESMA, Ricardo Caballo que se encuentra preso en México con un pedido de extradición formulado por el juez español Baltazar Garzón.

Sin duda que, aquí y allá, debe haber otros connotados delincuentes sueltos dado que, salvo el Tribunal Internacional de La Haya para los crímenes en la ex Yugoslavia, no hay otra sede judicial en el mundo que se ocupe de los criminales que buscan fuera de su país la impunidad que arriesgan perder dentro de él.

Sobre el Tribunal Internacional de Roma, en nuestro país, como en tantos otros temas, nos estamos debiendo una discusión amplia.

Una actualización que considere los aspectos técnicos y jurídicos y también las cuestiones que remiten a los derechos humanos y los principios éticos que estos derechos comportan.

Al inicio de su gestión, y al amparo del clima de «tiempo de cerezas» que reinaba, el Presidente de la República anunció que había dado directivas al canciller Opertti para incorporar al Uruguay a la lista, todavía bastante esmirriada, de los países que suscriben el Tratado.

Pero no se ha vuelto sobre el tema y no faltan las versiones que dicen que el impulso inicial se ha enfriado rápidamente.

El tema ha sido aludido en un muy conciso y bien documentado artículo del profesor Prudencio García, consultor de Naciones Unidas al que hemos citado en alguna otra oportunidad.

El artículo de García, publicado en su edición del martes 31 por el matutino El País de Madrid, pone el acento en un asunto de particular gravedad.

Nos referimos a la posición del presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de los EEUU, Señor Jessé Helms.

Helms, ya conocido por el público latinoamericano por sus posiciones «duras» en la cuestión de las relaciones con Cuba, forma parte del sector más regresivo, «los halcones» del Partido Republicano de los EEUU.

Helms rechaza vehementemente no ya el apoyo norteamericano al TPI de Roma, sino su propia existencia.

Para él es «un monstruo al que hay que aniquilar». La preocupación del senador norteamericano constituye algo así como la quinta esencia del pensamiento y de la moral imperialista. Pensada y sentida, desde luego, desde el centro mismo del mundo.

Como pone de relieve Prudencia García, Helms rechaza «cualquier jurisdicción internacional que hurte a cualquier soldado o ciudadano norteamericano de la –a su juicio– única jurisdicción posible: la de los tribunales de su propio país».

Para el experto español a través del TPI «un país civilizado renuncia voluntariamente a una parte de su soberanía, aceptando que otros países puedan capturar a aquellos de sus ciudadanos presuntos autores de graves delitos contra la humanidad, para ponerlos a disposición de una jurisdicción de ámbito universal».

Jesse Helms ve en esto un grave peligro para la seguridad de los Estados Unidos.

En la medida que el Tratado de Roma no ha previsto que algunos países tengan, como lo disponen ahora en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del derecho a veto, Helms ve en eso una masiva disolución de la autoridad del Consejo de Seguridad.

Helms no deja dudas acerca de su disposición con relación al Tratado de Roma: «El TRI es una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. No podemos tratarlo con benigna negligencia, como había expresado el canciller canadiense,(…). El TRI es de hecho un monstruo, y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devorándonos».

Es claro que en los EEUU hay todavía muchos políticos y con mucho poder que siguen pensando las relaciones internacionales y el papel de los EEUU en la comunidad internacional como en la época del «gran garrote».