Vivienda: ¿derecho o mercancía?

Dónde y cómo vivimos debería estar asociado a los resultados del comportamiento social de nuestra sociedad, como así también concluir y proyectar a partir de experiencias de las últimas décadas, que vincule la función del «capital financiero» como motor de la concepción del «libre mercado», el cual cada vez suma más seres «privados» de acceder a un derecho humano como lo es la vivienda.

Los complejos que concentran miles de familias alojadas en viviendas como Euskal-Erría, Complejo América y otros similares, son barrios no insertos, ni inspirados en la cultura de los barrios tradicionales, que se forjaron en la concepción que conllevaba implícito construcción de ciudadanía, metafóricamente barrios que crecían desde el pie; no, por el contrario, a estos complejos fueron barrios implantados con familias «ubicadas», «trasladadas», «empujadas» a construir ciudadanía sin involucramiento en la formación de bases para su concreción, indispensable herramienta para un terreno desconocido, donde se desenvolverá y desarrollará la convivencia.

Sin lugar a dudas, que sumados a los costos elevados y sobrevaluados del valor metro cuadrado (denunciado en su momento), hay que sumarle el costo social hasta la fecha.

Entonces ¿quiénes fueron los beneficiados y quiénes perjudicados?

Sin lugar a dudas, las empresas constructoras vinculadas a millonarias licitaciones, dictadura mediante, en una concepción de plata fácil, cual único objeto fue rapiñarla para enriquecimiento de unos pocos y endeudamiento de muchos.

Esta lógica reinó la larga década de la dictadura, que en su repliegue y transición se aseguró que la ley de impunidad amparara a los militares interventores del BHU, otorgándoles, hasta la fecha, impunidad a este desastre financiero.

Esta transición llegó hasta los años 90, cuando a partir de ahí se divide con la creación del Ministerio de Vivienda, organismo que surgiera para atender a los pobres, carenciados y el BHU atendería a la clase media uruguaya.

El Banco Hipotecario, jaqueado por la falta de planificación y farra neoliberal, poco o nada podría construir, pues el Fondo Nacional de Vivienda se vio reducido en dicho período por la falta de aporte patronal (exonerado) y sólo sostenido por el aporte de los trabajadores.

En consecuencia, se abría un nuevo escenario para las empresas constructoras, conocedoras e integrantes del aparato estatal, mediante lobbies permanentes y constantes, que les permitía aggionarse a los nuevos lineamientos de las recetas de los organismos internacionales financiadores de la vivienda, cual camaleón adaptarse, mutándose en razones sociales distintas, así como cambios de nombre por el de «Institutos», con el único objetivo de seguir lucrando al Estado con el fin de siempre, ganancias elevadas, pues una vivienda de U$S 12.000 la facturaban U$S 20.000.

Antes de los 90, habían inundado de hormigón Pocitos, Punta Carretas, Carrasco, Punta del Este, con dineros del pueblo y después de los 90 a la fecha, han construido con el Ministerio de Vivienda 50.000 casas aproximadamente por parte de las empresas o los camaleones; de estas últimas, 4.000 viviendas fueron construidas por el sistema de ayuda mutua, autogestionada por los interesados, a impulso de la resistencia y lucha de Fucvam.

Entonces, por qué y con qué intencionalidad colocan a los menos tenidos en cuenta a la hora del reparto, como causantes de un mal tan sencillo de conocer y reconocer, de quienes fueron los responsables de la barbarie, atropello y robo.

Esta lógica ha sido una receta aplicada hasta la fecha, pues quienes dan las directrices económicas (FMI), que condicionan las inversiones y mandatan aplicación de recetas de más de lo mismo, que se traducen, en que de la vivienda se encargue el mercado y el Estado se limite a seguir subsidiando mayoritariamente las ganancias de las empresas constructoras.

Ah, eso sí, buscan destinatarios que tengan capacidad de pago y promovamos deudores individuales fáciles de ejecutar, pues en un país de crisis permanente, los deudores agremiados resisten pagar la farra de los de arriba y cuestionan e interpelan las políticas de desastre.

Este período debe encontrarnos alerta, pues delineamos políticas para el futuro y estas no deben pasar por buscar salidas de complacencia al sistema y sus intereses.

Movilizados, como siempre, pues hay quienes promueven la pasividad, pregonando la espera de las bondades del crecimiento que luego traerá el reparto, sólo imaginado y vendido por Astori.

Nos quieren hacer creer que el cambio será enviado a domicilio; no exijamos ritmos al cambio, pues la velocidad de éste está tan bien equilibrada por Astori para que compremos una promesa, que la pobreza tiene fecha de vencimiento, o sea que al final del proceso de los adelantamientos del pago de la deuda (2037) vendrá el reparto de la deuda social. En cuanto a la vivienda, para llegar a las 14.000 viviendas necesarias por año, sólo se construirán 3.000. Falta mucho y debemos empujar los cambios necesarios, anteponiendo el posibilismo reinante y exigir apoyo a quienes contribuyeron al cambio real, sin apropiaciones fraudulentas.