Hay que hacer respetar a los uruguayos

L o que está ocurriendo en los aeropuertos españoles con el reiterado rechazo de ciudadanos uruguayos que pretenden ingresar al territorio de aquel país, por sus discrecionalidad, es inaceptable y es evidente que nuestra Cancillería debe tomar los recaudos correspondientes para que estos métodos de los funcionarios de migración españoles cesen de inmediato.

Además es fundamental, para evitar problemas en el futuro, que se exija que el Consulado español en Montevideo informe detenidamente y con amplitud cuáles son las exigencias que tendrán los viajeros para ingresar a aquel país que, evidentemente, son confusas. Las empresas de turismo que consultan reiteradamente a la repartición diplomática española recomiendan, además del pasaporte al día (lo que es obvio), llevar el dinero suficiente para sustentar el período de estadía, lo que también podría ser viable a través de la presentación de una tarjeta de crédito.

Los otros requisitos son antojadizos, como el de la «carta invitación», aunque la confirmación de la reserva de una estadía en un hotel, como un seguro de salud con el básico internacional estipulado, podría ser el lógico corolario de la política de «cierre de fronteras» que puso en marcha España y que afecta muy especialmente a los uruguayos.

Pero, que se reclame que la representación diplomática española informe detenidamente qué es lo que se exige, es lo mínimo, para achicar el margen de discrecionalidad de los funcionarios que reciben a los viajeros y los expulsan, casi como si fueran delincuentes, estampándoles en el pasaporte el sello estigmático de deportado. Marca que significa que el ciudadano es un réprobo que está impedido de viajar por los países de la Comunidad Económica Europea por un lapso mínimo de cinco años.

Al parecer, en los últimos casos, además de hechos de discrecionalidad de los funcionarios españoles de decretar la expulsión de ciudadanos uruguayos que sostienen haber poseído toda la documentación requerida, se ha verificado un trato «inhumano e injustificadamente incorrecto», que no puede admitirse de ninguna manera. Según se ha informado, la Cancillería estudia el caso de una agresión concreta de un agente de la policía migratoria contra un joven que posteriormente fue extraditado, con el fin de presentar una protesta diplomática. Gestión que debe ser severa que, obviamente, debe sumarse a la exigencia de aclaraciones. Como sabemos, desde nuestro país existe un tránsito continuo de viajeros de y hacia España (Pluna tiene cuatro vuelos semanales) y los cientos o miles de viajeros no pueden estar expuestos a la discrecionalidad de funcionarios que actúen de acuerdo con su saber y entender, haciéndoles firmar a los expulsados –prácticamente por medio de la coacción– un documento en el que se admite que el viajero llegó a España sin la documentación requerida.

¿Qué documentación? Para exigir tal cosa es necesario que los viajeros antes de emprender el largo viaje transoceánico sepan de qué se trata y qué sentido tiene cada una de las exigencias. Si España pretende cerrarles totalmente las puertas a los ciudadanos de algunos países del continente latinoamericano y particularmente a los uruguayos, que lo explicite claramente y no lo deje en manos de funcionarios policiales que en los aeropuertos, al boleo y por motivos muchas veces inconfesables, detengan a unos, y a otros les permitan el ingreso.

La Cancillería tiene que actuar con severidad, porque es necesario exigir que se respete a los viajeros uruguayos. *