La injusticia de una patente única

Escrito por: ALBERTO SCAVARELLI - Diputado por el Partido Colorado

Nuevamente se propone el cobro de una patente única a los automotores en todo el país.

Volvemos a reflexionar hoy con ustedes sobre qué significa esto en realidad, visto desde la perspectiva de los hechos, la naturaleza, el fundamento y la razón de ser de este tributo.

En definitiva, se está nuevamente procurando que una misma marca y modelo de automóvil o cualquier automotor comprendido (automóviles, camionetas, camiones, motos, etc.), de aprobarse este injusto criterio unificador, habrá de pagar esta contribución especial al gobierno municipal donde esté empadronado, por una suma idéntica a la que pagará otro vehículo igual en cualquier otra parte del país.

Dicho de otro modo, un mismo automóvil habrá de pagar lo mismo si empadrona en un pequeño pueblo del interior donde vive su propietario, que otro de idéntica tasación marca y modelo en los mucho más desarrollados vialmente hablando departamentos como por ejemplo Maldonado o Montevideo, por nombrar sólo algunos.

Esto, en nuestra opinión, se trata de una absoluta injusticia.

Pero es bueno preguntarse también que es la patente de rodados, ya que la razón de ser del pago no está pensada como un impuesto al patrimonio, es decir que el valor del vehículo refiere al monto a pagar por la capacidad contributiva que demuestra su titular por poseerlo, pero en lo que a la razón de ser del pago de esa patente refiere, esto tiene muy poco que ver.

No se trata entonces de un impuesto a la manifestación de la riqueza, sino de una forma de contribuir al pago del mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento donde esta empadronado.

Por algo si usted entrega a la Intendencia donde esta empadronado su vehículo las llamadas chapas de matrícula automáticamente deja de pagar la patente de rodados.

Si fuera un simple impuesto por la propiedad del vehículo, jamás podría excepcionarse del pago entregando “la chapa de matrícula” que lo habilita a circular.

Pruebe a entregar la llave de su casa, y vea si le suspenden entonces el cobro de la Contribución Inmobiliaria.

No lo intente, lo que está gravado allí en la Contribución Inmobiliaria es la propiedad del inmueble, por eso use o no la vivienda, la contribución se debe pagar igual porque se sigue generando la obligación de pago. Con la Patente de Rodados, en cambio, si usted entrega las chapas, demuestra que aun cuando sigue teniendo la propiedad del vehículo, al haber entregado las chapas deja de estar habilitado a circular por las calles, y simplemente deja automáticamente de pagar la patente, y eso es justo.

Entonces tenemos el derecho y el deber de preguntarnos:

¿Es lógico que un automóvil que está empadronado, por ejemplo, en Montevideo, con su enorme red vial de altísimo costo de mantenimiento, pague lo mismo que otro que se encuentra en una localidad donde hay una muy pequeña red vial de bajo mantenimiento, y donde los semáforos por ejemplo, son elementos casi exóticos, como sucede lamentablemente en muchos pueblos del interior del país?

Si lo que se busca es evitar la patología de quienes empadronan en otros departamentos donde la patente es más barata, para luego vivir y circular en otro donde es más cara, entonces apliquemos un criterio estricto de contralor y de sanción para quienes abusan de sus vecinos, haciendo que otros paguen la infraestructura vial del departamento en que circulan y viven, mientras ese supuestamente listo se beneficia empadronando lejos, donde no vive ni circula pero le resulta más barato.

¿Cuánto gasta por ejemplo en mantenimiento el propietario de automóvil normal y corriente en departamentos o localidades donde la red vial está en mal estado, cubiertas, amortiguadores, suspensión, tren delantero, carrocería, corrosión, en fin, demolición progresiva y acelerada de su vehículo por las condiciones del pavimento por donde debe circular?

¿Han pensado cuánto termina pagando en realidad al final de año quien tiene por ejemplo un vehículo y vive en la Ciudad de la Costa¿, por poner un emblemático ejemplo.

¿Cuánto gasta esa familia por mantenimiento y reparación y cuánto pierde de valor su vehículo, comparativamente hablando, por responsabilidad de la administración, si se comparara con quien vive y circula por ejemplo en el centro de Montevideo?

Si dos vecinos de esas localidades tan diferentes tienen la misma marca y modelo de automóvil, corresponde preguntarnos cómo puede considerarse justo que ambos paguen la misma Patente de Rodados.

Una cosa es el valor objetivo de tasación ficta por año, marca, modelo, allí es lógico que un mismo vehículo tenga el mismo valor ficto esté donde esté, y esa unificación de valor del bien debe ser la base imponible para calcular la Patente de Rodados, pero necesariamente con tasas diferenciales según los departamentos.

No pensemos solamente en los vehículos de altísimo valor, pensemos en los normales, el que logra comprar una familia, en las motos de los trabajadores, en los camiones de los transportistas, en fin en los vehículos de uso más corriente. Porque razón va a pagar ese sufrido propietario una patente igual si vive en esas zonas demoledoras de vehículos, que si vive en ciudades con pavimentos “normales y funcionales”.

Naturalmente que corresponde preguntarse, cómo se hace para que esos lugares de menor desarrollo de infraestructura puedan superar esa deficitaria situación.

Podría sostenerse que con el pago de una Patente de Rodados alta, de valor igual en todas partes, se podrían obtener de allí los recursos para afectarlos a ese imprescindible fin. Si así fuera, entonces sí que en el mediano plazo esos mismos contribuyentes de Patente de Rodados se verían favorecidos con una mejor red de caminos y calles. Sería estupendo.

Por esa razón, en los hechos, mientras no esté obligatoriamente asignado y debidamente controlado por la comunidad, que lo recaudado por Patente de Rodados sólo se afecte a la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial del departamento, no puede ser justo cobrar una patente única en todos los rincones del país.

Mientras, a diferencia de lo que ahora sucede, ese dinero recaudado quede incluido en la indefinida masa de los recursos municipales que se aplican a cualquier destino, el cobro de una patente de valor unificado será, en nuestra opinión, éticamente injustificable y jurídicamente insostenible.

Debe terminarse esta guerra de patentes entre las administraciones municipales y defenderse el derecho de las personas a las que la administración en realidad se debe. Ninguna administración es un fin en sí misma. La comunidad no está a su servicio, sino que, por el contrario, toda administración, en un estado de derecho democrático, debe ser siempre un instrumento de servicio a la comunidad.