Manía persecutoria

Resulta curioso observar cómo la gente –no bien se ve cuestionada– apela inmediatamente al recurso de denunciar una supuesta maniobra urdida no se sabe bien por quién de la que resulta una persecución. Otras veces se habla de venganza, pero lo más común es que se aluda a persecución política.

Recientemente, fueron los hermanos Rupenián los que no vacilaron en considerar que su procesamiento y sobre todo la cancelación de su permiso para la explotación de varias emisoras se debían a una «campaña de odio y resentimiento» contra su familia. En el supuesto complot se hallarían implicados nada menos que el ex director de Rentas Eduardo Zaidenstat y el ministro de Industria, Jorge Lepra.

Es probable que tales manifestaciones de paranoia puedan llegar a convencer a algún incauto, pero a cualquier persona medianamente lúcida tal recurso le suena a cortina de humo o a pretexto para minimizar la falta o la inconducta exhibida por la persona cuestionada.

Pero antes de que estos dos hermanos salieran a la palestra a lanzar semejantes acusaciones de persecución y odio, ya algunos ex directores de entes y empresas públicas cuya gestión al frente de los mismos fue objeto de investigación, habían respondido a las irregularidades constatadas con el mismo recurso: ellos no eran sino víctimas de una injusta persecución política. Y lo grave es que los integrantes de los partidos que hoy están en el llano, al ver los procesamientos judiciales por abuso de funciones u otros delitos propios de quienes ejercen cargos en la administración pública, también empezaron a hablar de un proceso de «judicialización de la política» junto a otro fenómeno no menos peligroso de «politización de la justicia». De acuerdo con ese criterio, llegaríamos al absurdo de que las acciones de los políticos mientras ejercen algún cargo de gobierno no serían pasibles de castigo judicial; una suerte de inmunidad como aquella de la que gozan los parlamentarios pero con el agravante de que las irregularidades cometidas en el período no podrían ser investigadas luego: una inmunidad eterna. Un disparate por donde se lo mire.

Asimismo, fue posible observar cómo reaccionaron las fuerzas de la derecha no bien el gobierno actual dio luz verde a la actuación de la Justicia en la investigación de algunos crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado. También entonces se puso en tela de juicio la independencia de los magistrados judiciales y se insinuó que los procesamientos decretados obedecían a presiones del poder político en un operativo cuyo único fin era meramente vindicativo.

Este insulto a la honorabilidad y a la solvencia técnica de jueces y fiscales es también un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Porque nadie medianamente informado creerá que detrás de cada decisión judicial deba verse un complot, una confabulación, una maquinación destinada a usar al sistema judicial en beneficio de espurios intereses. *