Desintegración de una sociedad fragmentada

El sistema social se está escindiendo en dos, dando lugar a lo que habitualmente se llama una “sociedad dual” o “sociedad a dos velocidades”. La consecuencia de ello es una desintegración más rápida del tejido social. En lo más alto de la escala social hay una desenfrenada carrera para obtener uno de esos raros empleos públicos y estables, al mismo tiempo con posibilidades de promoción.

Es lo que un lema publicitario completamente repugnante ha llamado “la pasión de ganar”. La sociedad se presenta bajo el modelo de la lucha sin tregua. Aquellos o aquellas que no son vencedores o ganadores en los concursos llamados por las dependencias estatales se sienten marginados de la sociedad, de la que no tienen nada que esperar y en la que no tienen razones para reconocerse. Su violencia suscita contraviolencias, desafectos, nostalgias agresivamente regresivas o reaccionarias y optan, en algunos casos, por la emigración.

Esta desintegración de una sociedad fragmentada nos remite a un problema de fondo: ¿como debe ser una sociedad en la que el trabajo a tiempo completo de todos los ciudadanos ya no es necesaria ni económicamente útil? ¿Qué prioridades, diferentes de las económicas, deben fijarse? ¿Cómo debe organizarse para que los aumentos de productividad, la economización de tiempo de trabajo, beneficien a todo el mundo? ¿Cómo redistribuir mejor el trabajo socialmente útil, de manera que todo el mundo pueda trabajar menos y mejor recibiendo su parte de las riquezas socialmente producidas, sin que existan cotos de privilegio como son algunos empleos en el Estado?

La tendencia dominante es dejar de lado este tipo de cuestiones y plantear el problema al revés, en los siguientes términos: ¿cómo conseguir que pese a los aumentos de productividad, la economía consuma tanto trabajo como en el pasado y que estos sean permanentes y seguros? ¿Cómo conseguir que las nuevas actividades remuneradas lleguen a ocupar el tiempo que, a escala social, liberan los aumentos de productividad? ¿A qué nuevos ámbitos de actividad pueden extenderse los intercambios comerciales para reemplazar, mejor o peor, los empleos eliminados de otra parte, por ejemplo de la actividad pública, que necesariamente debe ser reformada y reducida?

Todos conocemos la respuesta, pero es difícil de aplicar en el Uruguay, donde existen cotos cerrados y estructuras de poder establecidas. Podría no haber límite al desarrollo del empleo si se llegase a transformar en prestaciones de servicios retribuidas las actividades que hasta hoy la gente había asumido cada uno para sí mismo. Los economistas hablan a este respecto de “nuevo crecimiento más rico en empleos”, de “terciarización” de la economía y de desarrollo de una “sociedad de servicios” que toma relevo a la actual sociedad distorsionada.

Pero esta manera de pretender salvar la sociedad provoca problemas y presenta contradicciones que merecerían ser el centro del debate público y de la reflexión política.

En efecto, ¿cuál es el contenido y el sentido de la mayoría de las actividades cuya transformación en servicios profesionalizados es actualmente evocada? Es fácil mostrar que su profesionalización responde a la misma lógica que el desarrollo económico pasado, porque los inscriptos para los cargos se verifican en los llamados del Banco de la República o del BPS.

En el pasado el crecimiento económico tenía como motor fundamental la “sustitución productiva”: las tareas que desde hace siglos la gente asumía en la esfera doméstica eran progresivamente transferidas a la industria y a las empresas de servicios, dotadas de máquinas más eficaces que aquellas de las que podía disponer un hogar. Sin embargo, aquí sigue preponderando la actividad pública como la más atractiva.

Es un tema para reflexionar. La calidad del nuevo trabajo en el Uruguay parece no ser suficiente para atraer a los más jóvenes y, necesariamente, los viejos “mastodontes” del Estado deben ser modificados en su esencia y funciones. De lo contrario sólo nos quedará un país oficina pública. *