D e acuerdo con versiones de prensa, el colega Joaquín Morales Solá, prestigioso columnista del diario La Nación de Buenos Aires, habría adelantado la información de un posible acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Uruguay para poner punto final al largo conflicto provocado por la construcción de la planta de la empresa Botnia en Fray Bentos.
Al parecer se estaría trabajando sobre la primigenia idea del facilitador español, designado por el Rey Juan Carlos, de crear una zona verde en torno a la planta, integrándose Argentina al monitoreo común del río con el fin de medir las condiciones de salubridad del mismo y evitar, si se planteara el caso, cualquier acción que determinara una contaminación del mismo.
Por supuesto que el acuerdo, que ya fue criticado y negado por voceros de los piqueteros que siguen cortando las rutas en Gualeguaychú, es una adecuación del gobierno argentino a la realidad. Parece estar destinado, a poco de ponerse en funcionamiento la planta, de evitar el ridículo mayúsculo de nivel ecuménico, que significará la comprobación de que el trabajo de la misma no es contaminante.
Sin embargo –de acuerdo con lo adelantado por Morales Solá– la puesta en marcha de la solución esperará la realización de las elecciones presidenciales argentinas, que se llevarán a cabo en el mes de octubre, porque según sus palabras, Kirchner no quiere portar sobre su hombros el handicap electoral que significaría restablecer el tránsito normal en las rutas de Entre Ríos utilizado para ello a la fuerza de la Gendarmería argentina, antes de los comicios presidenciales.
De confirmarse la versión, es evidente que el gobierno argentino adopta finalmente una política adecuada pero tardía, haciendo respetar la ley en esa zona de la República Argentina, en la que un grupo piquetero, en una absurda dinámica militantista que se realimenta a sí misma y que cuenta, por supuesto, con el apoyo de la gobernación de la provincia, mantiene cerradas varias rutas que conectan con los puentes internacionales que unen al país hermano con Uruguay.
La acción fue calificada como grave por el gobierno uruguayo, porque se impide a miles de personas viajar en automóvil, por las rutas habituales, hacia nuestro país, y además pone trabas al comercio de toda la zona. Porque no sólo se ha trastornado el comercio entre los dos países, sino que también se dificulta el pasaje de transportes internacionales provenientes de otros países, como Chile, Paraguay y Brasil, que han debido tomar rutas alternativas para llegar a destino. Por otra parte, la presentación realizada por el gobierno uruguayo ante el tribunal de controversias del Mercosur, instó al gobierno argentino a terminar con ese corte de rutas que viola claramente lo establecido en llamado tratado de Asunción, carta constitutiva del acuerdo regional.
Sin embargo, ni el presidente, Néstor Kirchner, ni el canciller, Jorge Taiana, hicieron otra cosa que, reiteradamente, echar más leña al fuego, manifestándose públicamente a favor de la absurda línea piquetera, que manejaba argumentos absurdos como lluvias ácidas, cambios biológicos y malformaciones antropológicas, etc., en la población expuesta a las emanaciones que, dicen, se desprenderán de las chimeneas de Botnia.
Lo que siempre ocultaron los piqueteros es que esta planta fue construida con los más altos niveles técnicos, los exigidos en la Comunidad Económica Europea, en donde funcionan plantas similares, incluso de tecnología algo más antigua, que no contaminan.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que hay quienes quieren evitar el ridículo de que el mundo compruebe que la planta de Botnia, que se pondrá en funcionamiento en algunas semanas, no contamina?
¡Es bien posible! *
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