La batalla de Ancel
EL pan se hizo torta. El Presupuesto que impacta en el destino de cientos de miles de ciudadanos ha defraudado las expectativas. Si a esta torta le faltaba algo, la frutilla que la condecora es la privatización de Ancel.
En esta época de la informática, de la biotecnología y de la sociedad del conocimiento, las empresas de telecomunicaciones son las locomotoras tecnológicas.
Ancel no surgió como empresa monopólica, por el contrario salió a disputar la competencia a una empresa privada, que por un período gozó de extraordinarios beneficios de renta monopólica. Fruto de su capacidad y prestigio conquistó el 65% del mercado nacional de la telefonía celular, transformándose en una verdadera joya de la corona nacional.
Es una empresa de altísima rentabilidad. De un total de U$S 100.598.363 la utilidad fue de U$S 40.715.03. Estamos hablando de un 40% de rentabilidad. En la primera mitad de 2000 ya facturamos U$S 62.000.000 y vamos a superar los U$S 125.000.000, con una potencial ganancia de casi U$S 50.000.000.
Es una llave estratégica del desarrollo nacional y prioritaria en la difusión tecnológica.
– La primera pregunta es cuáles serán los controles para monitorear la evolución de dicha empresa. Se plantea que sean «auditorías independientes».
Nuevamente se ignora al Tribunal de Cuentas y al propio Parlamento para estar informado en la evolución de la empresa. Es más, se habla de que se quisiera privatizar más del 40% (ya se abre la puerta de dicha eventualidad).
El antecedente de Pluna y su privatización es nefasto.
En lugar de mejorar la gestión, empeoró, y el Estado no sólo estuvo subsidiando desde 1996 a U$S 15.000.000 anuales, sino que ahora se abre la posibilidad de capitalizar nuevamente la empresa o liquidar las acciones del Estado, perdiendo lo poco que nos quedaba.
Como parlamentarios y custodios del bien público, los representantes del 45% de la ciudadanía, que no integramos el directorio de Antel, tenemos derecho a controlar los bienes públicos.
Pedimos que en las asociaciones que tenga el Estado con empresas privadas –llámese Ancel, Ancap o Corporación para el Desarrollo–, se debe tener una auditoría del Tribunal de Cuentas que informe directamente al Parlamento.
«Auditorías independientes» controlaban el Banco Comercial, Granja Moro, Pluna, y luego el conjunto de la sociedad paga las consecuencias.
¿Podemos votar a ojos cerrados, como «la gallina ciega», para que luego tengamos que rendir cuentas de cómo se fundió una empresa estatal o pasó completamente a manos privadas?
En el debate quedó claro, al decir de un diputado oficialista, que en el caso de Pluna había que deshacerse de ella «porque era un clavo». A pesar de nuestra insistencia ningún parlamentario de la coalición levantó tal grave afirmación.
Pero ahora en el caso de Antel ¿la vamos a vender porque es muy rentable? Nadie contestó a nuestra pregunta:
¡¿La privatización apunta a obtener recursos para potenciar Ancel o la vamos a descremar para obtener recursos para otras áreas?
Queda claro que del 40 % que se vende sólo un 10% se reinvierte, el resto se destina otros fines.
La odisea de la privatización de Ancel, ya lleva tres proyectos.
– La propuesta original decía que la sociedad anónima se vendería en acciones, sin especificar su carácter. El tercer proyecto aprobado define que las acciones
No se va a saber cuáles serán los capitales que compren el 40% privado.
Yo afirmé «¿Se quieren socios anónimos? ¿Acaso no hay capitales volátiles, aventureros y filibusteros que recorren el mundo que pueden venir a asociarse con Antel para después quedarse con Ancel?
Podríamos hacer asociaciones tecnológicas que potencien su desarrollo sin vender su propiedad.
¿Quién queda con la llave de la empresa? No importa sólo el porcentaje del capital si la ley no establece taxativamente que el gerenciamiento queda en manos de Ancel.
El artículo 188 de la Constitución no sólo establece que una votación de esta naturaleza «para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos… (ese es el caso) así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los directorios se requerirán «.
Esta mayoría no se cumplió. La representación en los órganos de dirección de la empresa quedará en manos del Poder Ejecutivo sin control del Parlamento.
¿Le vamos a firmar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo?
¿El Parlamento va a relegar sus funciones de contralor y dejar en manos de «auditorías independientes» y sólo del Poder Ejecutivo?
Este proyecto de privatización, que no debería haber estado en el Presupuesto, porque excede el quinquenio, instala una profunda duda a nivel nacional.
El pueblo uruguayo que ya en 1992 demostró su voluntad y capacidad, rectificando a una mayoría parlamentaria, recorrerá todos los caminos constitucionales para que no le quiten de sus manos una empresa principal y estratégica para el desarrollo nacional.
Se abre una profunda interrogante en la sociedad: ¿Por qué y para qué se vende hoy el 40 % de Ancel con posibilidades de próximas ventas?
El Senado tiene la palabra pero la última palabra siempre la tendrá el pueblo.
* Diputado EP/FA
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