El prestigio del sistema político

F inalmente, el Senado analizó el miércoles pasado el pedido de desafuero del senador Juan Justo Amaro y lo desestimó. En realidad, la mayoría del alto cuerpo (conformada por los legisladores del partido de gobierno) votó favorablemente la solicitud de la Suprema Corte de Justicia, pero sus votos no alcanzaron en virtud de que la Constitución exige una mayoría especial de dos tercios para habilitar el desafuero.

Tal como lo han reiterado los senadores del Frente Amplio, no estaba en discusión ni en tela de juicio la honorabilidad del veterano dirigente colorado, de cuya honradez nadie duda; nosotros también, desde estas páginas, hemos expresado en más de una oportunidad nuestra convicción de que don Justo Amaro no obtuvo beneficio personal alguno como consecuencia de las irregularidades administrativas constatadas en la investigación sobre su gestión al frente de OSE. No obstante, las pequeñas infracciones a las normas por las que la Justicia pide el desafuero del legislador colorado no son un invento ni mucho menos un intento de persecución política o de revanchismo como algunos han sostenido; debemos rechazar terminantemente esa absurda afirmación pergeñada por el doctor Sanguinetti de que asistimos a una judicialización de la política o a una politización de la Justicia. Tal afirmación lleva implícita la duda acerca de la independencia del Poder Judicial y resulta una afrenta para jueces y fiscales. Es poner en tela de juicio la honorabilidad y la solvencia técnica y profesional de nuestros magistrados; es sembrar sospechas sobre los criterios con que se maneja el sistema judicial. Esto es particularmente pernicioso pues instala en la sociedad una inquietud basada en una afirmación falsa. ¿O alguien piensa, acaso, que en el partido de gobierno o en el Ejecutivo hay una voluntad de crucificar al senador Amaro? ¿Qué interés podría tener el gobierno o las actuales autoridades de OSE en castigarlo o en alejarlo del Senado?

Otorgar el desafuero solicitado por la Justicia no implicaba en absoluto condenar al senador Amaro ya que ello es competencia exclusiva de la Justicia; tampoco debía verse como un prejuzgamiento de su conducta, sino simplemente como la posibilidad de allanar una investigación judicial. Al respecto, vale la pena transcribir parte de la resolución de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, de la que informó el doctor José Korzeniak y cuyo texto íntegro publicamos en nuestra edición del viernes 15. Dice el informe: «la declaración de que ‘hay lugar a la formación de causa’ es un pronunciamiento del Senado por el cual considera que las irregularidades por las que se solicita del desafuero tienen fundamentos que, razonablemente estudiados, conducen a la convicción de que se justifica por lo menos una indagación por el Juzgado, quien decidirá si los hechos ameritan o no el procesamiento solicitado». Por otra parte, esa declaración del Senado en modo alguno puede considerarse una intromisión en el Poder Judicial ni que la Cámara Alta se arrogue potestades jurisdiccionales; simplemente, «conduce a la suspensión del legislador en sus funciones a efectos de que sea el juez, en ejercicio –él sí– de sus competencias jurisdiccionales, pueda indagar y determinar si dicta o no el auto de procesamiento».

Resulta indiscutible la claridad de este razonamiento que tiene la rara virtud de tornar inteligible un asunto complejo y delicado del ámbito del derecho y la política. No en vano su redactor es especialista en Derecho Constitucional y docente universitario.

Entendemos que no es buena cosa que la oposición no haya dado sus votos para el trámite y que el pedido de desafuero haya sido desestimado. El Poder Legislativo –en tanto esencia del sistema democrático– debe enviar señales claras a la población en lo que refiere a la cristalinidad tan reclamada. Con esa actitud corporativa, el Senado ha perdido la oportunidad de exhibir ante la sociedad su voluntad de transparencia. A los ojos del ciudadano común, los senadores de la oposición han dado una imagen negativa: la de abroquelarse e impedir la libre actuación de la Justicia; ese ciudadano común puede concluir de todo el episodio que efectivamente el comportamiento del senador Amaro al frente de OSE fue irregular, que efectivamente cometió alguno de los delitos que se le imputan, y que merced a una mal entendida solidaridad de sus pares y correligionarios, la investigación judicial no podrá continuar.

Es una mala señal. *