Previsión social: aportando un palo más

En los últimos tiempos se están reiterando en algún medio de prensa, ácidas críticas a la modificación del artículo 67 de la Constitución, que la ciudadanía votara masivamente en noviembre de 1989, quitando al Poder Ejecutivo la potestad arbitraria de los aumentos de las pasividades y estableciendo que desde 1990 la referencia obligada sería el Indice Medio de Salarios.

Siempre manifestamos que ello fue una gran conquista social porque nació de la gente y este origen fue consecuencia de que los sucesivos gobiernos, democráticos y no democráticos, habían sumido en la casi indigencia a muchos miles de jubilados y pensionistas.

La indiferencia sistemática a este importante núcleo poblacional despertó no sólo inquietudes, sino hasta indignación.

En el correr de estos últimos diez años, los crecientes problemas económicos que afligen al país y de los cuales el oficialismo acusa permanentemente a coyunturas de otras latitudes, ponen siempre en tela de juicio los gastos que origina la Seguridad Social y por sobre todo, la previsión social. Pero lo llamativo es que, esta vez, las críticas a la erogación del sistema no provienen de los conocidos y consecuentes neoliberales de siempre, que en forma permanente se hacen eco de lo que el presidente Batlle había manifestado en el mes de setiembre de 1999 en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, con respecto a que el costo del BPS impedía que el país caminara, sino de quienes manifiestan sustentar ideas progresistas y en algún caso han sido proponentes de cambios en los rumbos económicos que saquen al país de la situación actual.

La crítica parte concretamente de un análisis del costo de las pasividades y que se establece limita de forma determinante los grados de libertad que puedan tener las autoridades económicas en materia presupuestal. Se agrega que a la modificación constitucional se aumentaron los montos de las prestaciones, lo cual se hizo simultáneamente a pasivos de más bajos ingresos, (lo que no sólo era justo, sino además necesario) y a los sectores pasivos en situaciones de privilegio (lo que no era justo ni necesario).

Aquí deben quedar en claro algunas cosas. La limitación presupuestal tiene varios orígenes que no son ni por cerca consecuencia del pago de pasividades.

La asistencia financiera del Estado al Banco de Previsión Social es consecuencia de una relación de aportantes que de cuatro activos por cada pasivo, se vino en treinta años a casi un activo por cada pasivo. La masiva desocupación quita aportes a la Seguridad Social y aumenta sus erogaciones. Pero además ese activo aporta al BPS en la inmensa mayoría de los casos por sueldos miserables, fruto de la desregulación laboral, llevada adelante por lo tres últimos gobiernos. Además, coinciden el contador Davrieux y las misiones enviadas por los organismos financieros internacionales en que existe una evasión que ronda los 500 millones de dólares anuales.

La crítica al costo previsional manifiesta que 11.200 pasivos reciben pasividades de privilegio y es verdad, pero esos privilegios, que fueron consecuencia de leyes especiales generadas por los propios gobernantes para favorecerse ellos mismos en la inmensa mayoría de los casos no justifican considerar de la misma forma al 98,5 % restante. Si a una jubilación promedio de $ 18.920 se le puede llamar de privilegio porque suma tres mil pesos más que el que requiere una canasta familiar, ¿cómo le podemos llamar a una pasividad menor de $ 2.280 con la que no vive ningún pasivo ni activo y que la cobran nada menos 481.800 personas?

Si los privilegiados son el 1,5% de los pasivos y los casi indigentes son el 68%, ¿no se justifica la existencia de la cláusula constitucional?

El argumento se extiende justificando que 110 mil pasividades son superiores a los ingresos promedio de los funcionarios de la Administración Central que atienden la salud, la educación, la seguridad interna y la defensa del país. Entreverando la baraja, el economista Antonio Elías, que de él se trata, está defendiendo al Ministerio de Defensa Nacional, que todos sabemos tiene la asignación presupuestal más grande después de la educación y que el 99% de los uruguayos no justifica.

Pero además, no son los pasivos los que tienen la culpa de que los funcionarios públicos tengan sueldos miserables, sino la política del gobierno hacia el Estado, con sus reformas que apuntan a minimizar, tercerizar, suprimir y vender. El desestímulo de la función pública pasa por el efecto de la congelación de los sueldos, para lo que el gobierno tiene aun discrecionalidad.

¿Se imagina el lector cuál sería la actual situación de los pasivos si se hubiera mantenido el poder discrecional del ajuste de las pasividades en manos del Poder Ejecutivo sin la reforma del artículo 67 de la Constitución en 1989?

Pero ya en tiempos preelectorales, el senador Atchugarry dijo casi lo mismo que Elías. Manifestó que a los maestros no les podía dar aumentos porque los jubilados se llevaban los recursos. Por lo visto, la prédica del enfrentamiento entre iguales del vocero quincista, va ganado algún adepto.

Lo que sí debemos agregar es que, más allá de las críticas al sistema, que muchos se empeñan en deshacer, el trabajador de ayer que hay en el pasivo de hoy, seguirá luchando por el derecho a la dignidad, a percibir una retribución acorde a las necesidades, a tener el mismo espacio de vida en la sociedad que se ganó con su trabajo y con su aporte a la construcción de un país mejor que el que le damos.

Lo que no puede ser es que quienes critican despectivamente al pasivo porque ya aportó lo suyo, lo pretendan marginar y cargarle las culpas de un sistema económico complaciente con los organismos financieros internacionales, que posa de primermundista y a la vez mata de necesidad o expulsa a sus hijos.

Nada bien le hacen a la sociedad los detractores del sistema de Seguridad Social.

Es ello una especie de estímulo a quienes tratan de sepultarlo. No se quiera tapar el sol con una sábana y quien pretenda más justicia donde no la hay, no debe condenar a un inocente que además, también está pagando una injusticia.

*Integrante de Onajpu