Otro fallo histórico

E l pronunciamiento del tribunal de alzada sobre el recurso de apelación planteado por las defensas de Bordaberry y Blanco resulta una pieza memorable que ennoblece al sistema judicial uruguayo y confirma, una vez más, la insobornable independencia de nuestros magistrados así como su solvencia técnica y su idoneidad profesional y moral.

Fiscales y jueces coinciden en la culpabilidad del ex dictador y del ex canciller en el caso concreto de los asesinatos en Buenos Aires de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelock. Si alguien podía albergar sospechas a propósito de la responsabilidad penal de ambos ex gobernantes de facto, el lapidario fallo del Tribunal de Apelaciones echa por tierra cualquier sombra de duda al respecto.

Podemos enorgullecernos de contar con una Justicia verdaderamente independiente, mal que les pese a quienes intentan sembrar sospechas sobre esa característica aduciendo una supuesta «politización de la justicia». Lo que ocurre en los casos concretos de juicios contra terroristas de Estado es que actualmente el Poder Ejecutivo, lejos se seguir poniendo obstáculos a la acción de la Justicia, ha dado luz verde para que ésta actúe con total independencia, sin trabas ni presiones de ninguna índole.

Desde que el doctor Juan Carlos Blanco resultó procesado por su responsabilidad en el secuestro y posterior desaparición de la maestra Elena Quinteros (y a no olvidar que eso ocurrió bajo un gobierno colorado), han prevalecido criterios jurídicos correctos y moralmente adecuados. Con contadísimas excepciones, jueces y fiscales han aplicado la ley interpretándola a cabalidad, tanto en su letra como en su espíritu.

A partir del viernes pasado, ya nada será igual. Aunque no ha recaído condena sobre los reos, tres ministros del Poder Judicial confirmaron el fallo de primera instancia con lo que dos figuras emblemáticas del régimen de facto seguirán sometidas a proceso penal por una justicia que ofrece todas las garantías de un régimen democrático, garantías que ambos ex jerarcas no tuvieron empacho en ignorar olímpicamente, permitiendo que coroneles metidos a jueces instruyeran sumarios y condenaran a opositores a largas penas y a condiciones infrahumanas de reclusión.

Uno a uno fueron demolidos los argumentos trabajosamente elaborados por la defensa de los dos delincuentes. Las argucias y chicanas presentadas para demostrar la inocencia de ambos terroristas de Estado quedaron pulverizadas por la enjundia y la contundencia de las conclusiones a que arribaron los tres magistrados. Atrás quedó la pretendida imagen del anciano padre de familia cristiana, abuelo abnegado, figura ejemplar. Atrás quedó el vano intento de hacerlo aparecer como ajeno a las atrocidades cometidas por los centuriones amparados en un régimen del que él fue artífice principal. El fallo del Tribunal acabó de desnudar a un antidemócrata confeso, un espíritu totalitario e inhumano disfrazado de cristiano devoto; a no olvidar que siendo presidente constitucional, antes de dar el golpe de Estado, en 1972, desestimó las denuncias de torturas formuladas por legisladores de izquierda por considerar que no se trataba de apremios físicos sino de «rigor en los interrogatorios» (sic). El ex canciller tampoco le va en zaga. Recuérdese que él también justificó las torturas por ser el medio idóneo de obtener información en la santa cruzada contra los «enemigos de la patria».

Del mismo modo, el tribunal enterró definitivamente la supuesta prueba de inocencia del dictador Bordaberry, obtenida mediante la argucia de su hijo al grabar clandestinamente sus conversaciones privadas con el senador Michelini y con el secretario de la Presidencia.

El procesamiento de Bordaberry y de Blanco por su responsabilidad en los crímenes de Buenos Aires de 1976 no sólo resulta moralmente justo sino que, además, se ajusta a derecho. Así lo entienden los tres ministros del Tribunal, quienes sostienen de manera terminante que el ex presidente de facto y el ex canciller sabían lo que ocurría, que nada les era ajeno, y que sostener lo contrario –como lo ha hecho la defensa– «no sólo insulta la inteligencia sino que contraría la naturaleza de los hechos».

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