Precios, impunidad y costo social

En los primeros meses del año en curso, la inflación ha sorprendido al gobierno que en sus proyecciones, había pronosticado para todo el año, una cifra bastante similar a la que ya se está dando actualmente en el Índice de Precios al Consumo. Pero más que al gobierno, el incremento de las cifras ha causado una muy ingrata sensación a la ciudadanía toda como consecuencia del «asesinato» despiadado llevado a cabo por los comerciantes que no terminan de remarcar sus precios al público, fundamentalmente en los productos de la canasta familiar, sin que nadie se altere mucho por la situación indefensa en que está la población.

En la defensa de tal actitud, algún integrante del gobierno recuerda con antipatía la Coprin y manifiesta que la mejor regulación de los precios la debe hacer «el libre y sano equilibrio entre la oferta y la demanda», aunque los ciudadanos estemos «sanamente» desarmados ante el embate de este latrocinio.

Un legislador, con aire de suficiencia, llamó a la gente a «no comprar» cuando vislumbre que el comerciante se está aprovechando, dejando de manifiesto las «luces» que iluminan a nuestros parlamentarios y a los que, seguramente, nos los acucia la necesidad de comprar leche, pan, harina, aceite, verduras y todo otro elemento sin el cual no se come en nuestras casas. Así de fácil. Algún representante de las voraces cámaras mercantiles, justificando el robo, dijo que ellos son los que ponen el capital y dan trabajo a la gente. No dijo cuanto es el límite que pretenden ponerle a su inversión, ni cuanto le pagan al trabajador que los hace cada día más ricos. De eso no se habla.

Los trabajadores piden la convocatoria urgente a los consejos de salarios y es lo más lógico, por cuanto los últimos acuerdos, concluyeron dentro de parámetros que fijó previamente el Ministerio de Trabajo y que evidentemente no tuvo en cuenta esta situación donde los que pierden son siempre los mismos o sea los que no pueden «remarcar» sus sueldos.

Pero hay otro detalle de gran importancia que también debe tenerse en cuenta y es la situación de quienes reciben jubilaciones y pensiones. El 10,45 % recibido como ajuste total a las pasividades a diciembre de 2006 y correspondiente al Índice Medio de Salarios de ese año, está siendo rápidamente consumido por el costo de vida del presente 2007, deterioro que es similar al sufrido por los trabajadores en su capacidad de compra.

Es imprescindible que el gobierno, empeñado en «honrar las deudas» le conceda el honor a su gente de «honrar» en primer término las deudas con la sociedad y no le siga exigiendo a quienes no «ponen el capìtal» ni tampoco remarcan, que sigan sufriendo las consecuencias de las adhesiones incondicionales al libre mercado y siga transformando en necesidad la desmedida avaricia de los que ganan siempre.

Es necesario que las jubilaciones y pensiones se ajusten al 1º de julio próximo, por lo menos a las cifras que defina el Índice de Precios al Consumo vigentes al 30 de junio del presente año.

Es la única forma de seguir manteniendo cerca, el poder de compra de los más necesitados, aunque ya en el correr del año han perdido gran parte de lo recuperado al 31 de diciembre pasado.

Si el aumento de los precios, sin dudas generados por especuladores de la necesidad ajena, es incontrolable para la administración, debe evitarse que el sufrimiento siga golpeando en el mismo lugar. La recuperación de los salarios y las pasividades no son imposibles para el gobierno.