Cárceles superpobladas

A poco de asumir el actual gobierno, el entonces ministro del Interior, doctor José Díaz, impulsó la aprobación de una ley llamada de Humanización del Sistema Carcelario. Buscando una solución al problema de la superpoblación de los establecimientos de reclusión, dicha norma promovió, entre otras medidas, la posibilidad de descongestionar las cárceles por medio de la reducción del tiempo de reclusión para determinados casos. La aprobación de la ley permitió la salida de un buen número de reclusos, y la tan anunciada y temida reincidencia alcanzó índices bajísimos.

Quedó así demostrado el acierto de la norma propuesta desde el ministerio del Interior. Pero en menos de dos años, la población carcelaria se incrementó trepando incluso a guarismos superiores a los existentes antes de la ley de descongestionamiento. Ocurre que la actividad delictiva no se ha detenido pese a las políticas sociales instrumentadas por el gobierno y pese a que se verifica un crecimiento sostenido de la economía acompañado de una leve mejora en la redistribución del ingreso.

Pero evidentemente, eso no es suficiente. No obstante las auspiciosas cifras recientemente divulgadas, el número de pobres y de indigentes sigue siendo relativamente alto, lo cual constituye una condición objetiva propicia para que aquellos que se encuentran en esa situación se vean impulsados a delinquir.

Ahora bien, el problema es que la pobreza y la falta de trabajo no son las únicas causas de la delincuencia. A ello hay que agregar la marginación, la deserción escolar, la ruptura del entramado social, la pérdida de valores, la crisis de la familia y todos los males sociales derivados.

Exhibiendo una especial sensibilidad, la nueva titular de Interior busca medios para paliar esa realidad carcelaria de hacinamiento y degradación que conspira contra el precepto establecido en el artículo 26 de la Constitución, según el cual las cárceles deben propender a la rehabilitación de los reclusos, a su reeducación y a su reinserción social y laboral. Daisy Tourné ha propuesto soluciones legislativas en el sentido de permitir que los delincuentes jóvenes que han cometido delitos leves sean sancionados con penas alternativas a la de prisión, de modo de detener la superpoblación carcelaria y evitar que vayan a parar a un ambiente inapropiado para su rehabilitación.

La sugerencia parece atinada en un principio y debe ser analizada. No obstante, cabe preguntarse si el Estado dispone de la infraestructura necesaria para atender a esos jóvenes, reeducarlos y encauzarlos hacia hábitos virtuosos. No olvidemos que la mayoría de esos jóvenes delincuentes –muchos de ellos víctimas de la pasta base– provienen de medios especialmente carenciados; probablemente han nacido y crecido en la exclusión y en la ausencia de valores y de frenos morales.

En resumen, además de la iniciativa de la ministra, entendemos necesario proceder a una reestructura del sistema carcelario que implique mejores condiciones de reclusión. Mejores condiciones materiales y morales para que las prisiones cumplan la función que la Constitución les ha asignado. *