El 60% de los reclusos vive la incertidumbre de no tener condena

La situación del 60 por ciento de los reclusos que se encuentran presos, es de procesados pero sin condena, muchos de ellos cumpliendo un tiempo de cautiverio mayor del que eventualmente se le puede dar como pena de reclusión por el presunto delito cometido, siempre y cuanto se pruebe su culpabilidad real. Ello es una verdadera afrenta para la democracia uruguaya.

De alguna manera se deben poner en marcha las reformas necesarias para terminar con este estado de cosas, totalmente inhumano, desquiciante y violatorio de todas las convenciones vinculadas a la defensa de las personas y para ello, está claro, que debe existir un gran acuerdo nacional en que no solo el Poder Judicial, sino el propio gobierno, arbitren las medidas necesarias para poner en marcha la reforma del proceso penal, pasando al juicio oral, tal como ya está resuelto, proyecto que se encuentra paralizado desde el año 2002, por “falta de presupuesto”.

Visualizando el actual estado de cosas era lógico suponer que la OEA fallaría condenando a Uruguay ante la primera presentación que se hiciera denunciando esa situación. Lo que ocurre en las cárceles en el Uruguay es inaceptable.

¿Cómo es posible que se mantenga años a gente detenida, sin sentencia, sin que el Poder Judicial arbitre las medidas necesarias para acelerar los juicios y terminar con este estado de cosas? ¿De qué se trata esa pasividad en que, obviamente, se están violando los derechos humanos?

Claro, los hermanos Peirano, que hace algo más de cuatro años que están presos, han tenido la forma de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, lo que no pueden hacer la mayoría de los pobres desgraciados que sufren las penurias de nuestras cárceles que, según la Constitución de la República, nunca pueden estar hechas para “mortificar” a los que son “hundidos” en ellas. Pero ello no es lo importante, porque la situación afecta a todos y es correcto que la situación trascendiera de alguna manera en todo su dramatismo.

La Suprema Corte de Justicia ya pasó al juez actuante el expediente, el que dispone de 60 días para pronunciarse ante la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos que falló a favor de los banqueros Jorge, José y Dante Peirano Basso.

Los hermanos Peirano se encuentran en prisión desde agosto de 2002 por violación a la ley de Sociedades Anónimas. Pedro Donnangelo, uno de los abogados dijo que la decisión de la comisión de la OEA “le confiere al Estado uruguayo un plazo de 60 días para que adopte una resolución que implique el cese de la violación de los derechos humanos contra los hermanos Peirano”.

“Si Uruguay es un país respetuoso de los derechos humanos, que sin duda lo es, el Estado no tiene otra posibilidad que adoptar una resolución que implique el cese de las violaciones a los derechos humanos” contra sus clientes, agregó el abogado.

El director de Relaciones Públicas de la SCJ, Raúl Oxandabarat, dijo que en Uruguay no hay casi antecedentes en resoluciones como esta y que la libertad de los hermanos Peirano es decisión privativa de la Justicia uruguaya. Pero agregó un dato de importancia capital: En Uruguay existe un porcentaje de 60% de reclusos que están procesados y esperando sentencia.

Más allá de que este caso puntual se resuelva de una manera u otra, adelantando que aquí entendemos que los derechos humanos no tienen color político, ni se sustentan en la calidad e importancia del delito, es necesario que todos tomemos conciencia de esta situación carcelaria, que es dramática, y que debe resolverse en el corto plazo.

No es posible que miles y miles de mujeres y hombres de este país vivan esa incertidumbre dramática que además es histórica, de no saber cuánto tiempo les falta para lograr su libertad. *