Escrito por: FRANKLIN GONZALEZ - Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay
Desde hacer varios días, una feroz campaña de mentiras y manipulaciones, en muchos casos tarifada, se ha venido desarrollando a través de los medios de comunicación de América Latina y Europa, a propósito del fin de la concesión, el próximo 27 de mayo, de la empresa de televisión RCTV, propiedad del consorcio 1 Broadcasting Caracas (1BC).
Como en la gran mayoría de los países del mundo, las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico son otorgadas por el Estado, quien tiene la potestad de no renovar o revocar cuando así lo considere necesario, de acuerdo con la legislación de cada país sobre esa materia y los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el país.
En el caso de RCTV, el Estado venezolano ha decidido legal y soberanamente no renovar la concesión a ese canal de TV.
Según nuestras fuentes de información, unas 600 concesiones no han sido renovadas en el mundo y, en ninguno de esos casos se dijo nada en muchos de los sectores políticos y mediáticos que hoy pretenden distorsionar los hechos en torno a RCTV.
Una vez más, vemos cómo las teorías de Joseph Goebbels, quien desarrolló la estrategia de propaganda de la Alemania nazi, han sido puestas en práctica por los dueños de algunos medios de comunicación en el mundo, quienes a fuerza de mentir sobre la realidad venezolana pretenden que se tomen decisiones políticas en diversos organismos contra el Estado venezolano.
La empresa RCTV fue fundada en 1953, como parte de las empresas del Grupo Phelps, agrupadas ya en la 1BC. Ese grupo es poseedor en Venezuela de RCTV, la emisoras radiales 92.9 FM y Radio Caracas Radio (RCR), la red tiendas musicales Recorland, la línea aérea Aerotuy, la internacional Coral Pictures, ubicada en Miami, a través de la cual comercializan y producen su principal producto de exportación y producción: las telenovelas.
Se pretende decir en algunos sectores que RCTV es una empresa prestigiosa y que cumple con las leyes de Venezuela que regulan la explotación del espectro radioeléctrico. Se dice también que no existe ninguna acción legal contra este medio ante los argumentos de violación de las leyes.
Quienes repiten esto, no se han tomado la molestia de investigar, o aplican la censura a la información, pues solamente entre el 11 de agosto de 2005 y el 22 de agosto de 2006, se presentaron 28 denuncias por parte de los usuarios y usuarias por violaciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Es decir, en promedio se presentaron más de dos denuncias al mes durante ese período.
La técnica goebbelilana se centra, en este caso, en decirle al mundo que el Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías va a “cerrar” el mencionado medio de comunicación. RCTV no será cerrado, ni una sola cinta de video, ni un solo monitor, ni absolutamente nada de lo que forma su patrimonio será expropiado. De hecho, esta televisora transmite desde hace ya un tiempo su señal a través de los operadores de cable, lo cual seguirá haciendo después de que el próximo 27 de mayo, a la hora 24, se venza su concesión. De esta manera, la manipulación con la que se pretende decir que más de 2000 trabajadores quedarían sin empleo no tiene sentido. Aún más, con la propuesta para el nuevo canal 2 –la Televisora Venezolana Social–, se está dando cabida a la producción diversa y multicolor de los productores nacionales independientes, regionales comunitarios y a las comunidades organizadas, generando, de hecho, nuevos puestos de trabajo.
Se ha afirmado igualmente, de la manera más irresponsable posible, que con esta medida se estaría violentando la libertad de expresión. Al respecto, informamos que en Venezuela alrededor del 80% de las estaciones de televisión en VHF están adjudicadas al sector privado, mientras que 20% son del sector público. A su vez, en la banda UHF, 82% de las estaciones son operadas por el sector privado, 11% están asignadas a operadores de servicio comunitario y 7% al sector público. Y en las emisoras de radio el dominio de los privados es aún mayor. En ambos casos se mantienen líneas de oposición al Gobierno Nacional, difundiéndose las cosas más inverosímiles y ofensivas contra algún jefe de Estado en el mundo, hecho perfectamente constatable.
A lo anterior debemos agregar que nunca antes en Venezuela un gobierno ha trabajado por garantizar plena y absolutamente la libertad de expresión como lo ha hecho el Gobierno de Hugo Chávez Frías. La democratización de la comunicación e información en nuestro país, impulsada a través de la Constitución, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, ha generado un verdadero estímulo y diversificación de la producción nacional.
Finalmente, sólo mencionemos algunas de las razones legales para no renovar la concesión a este medio televisivo. El artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que “será sancionado con la revocatoria de la habilitación administrativa o concesión, según el caso (Literal 6º) el que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones para los cuales está habilitado, como medios para coadyuvar en la comisión de delitos”. Aun cuando RCTV coadyuvó a la comisión de delitos tipificados en la leyes, incitó a la persecución y detención ilegal de funcionarios del gobierno constitucional y transmitió las amenazas proferidas contra una sede diplomática por parte de los sectores golpistas en el año 2002, el Estado venezolano, que tenía los suficientes argumentos para revocar de manera inmediata y soberana la concesión otorgada, ante las violaciones a las leyes nacionales e internacionales, no emprendió, en esa oportunidad, acción alguna contra el canal.
En ese mismo año 2002, en una de las transmisiones en un programa dirigido al público infantil, se introdujo propaganda subliminal, con un mensaje de una de las organizaciones políticas de oposición, lo cual fue denunciado por el Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela. Además se utilizó la imagen de niños en propagandas durante la época del paro petrolero, en diciembre de ese mismo año y se realizó una publicidad por la cual el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente denunció ante los tribunales a RCTV por utilizar a un menor en una cuña de contenido político, dirigido al mundo militar, para incitar a este sector a sublevarse.
Pero como siempre ocurre, llegó la hora de la verdad. *
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