La verdad sigue estando secuestrada

El continuo esclarecimiento de hechos vinculados a lo ocurrido durante la dictadura militar, los que se irán investigando o por la Justicia o esclareciendo ante la opinión pública por el esfuerzo de las organizaciones de familiares de víctimas, de investigadores y periodistas que siguen rastreando las pistas de los hechos, está mostrando que tras los velos, que caen uno a uno, se encuentra una monstruosa realidad, impensada en primera instancia, que hace mucho más difícil la acción de dar vuelta la página y olvidar ese pasado que fue atroz.

El pasado miércoles la población supo, por intermedio de una nota de nuestro compañero de tareas Roger Rodríguez, de la existencia del tercer traslado de presos políticos desde la Argentina a nuestro país, utilizando varios medios, en una operación que habría afectado a decenas de compatriotas, quienes en su mayoría integran hoy las listas de desaparecidos. Todos ellos habrían sido ejecutados en el Uruguay en unidades militares y en campos clandestinos de detención.

Al parecer –de acuerdo con informaciones fehacientes– los trasladados eran militantes del GAU, PCR, MLN, AMS, ROE y MST, todas organizaciones de izquierda que se opusieron en su momento a la dictadura militar y fueron perseguidos con saña, siendo su captura una de las acciones encomendadas a través de la operación «Cóndor».

En estos traslados, que integraron una denuncia penal, se señala como personas a indagar, responsables de los traslados, a todos los militares pertenecientes a las tres armas, integrantes de la Fuerza Aérea, Ejército y Armada que operaron en el Fusna. En particular, se subraya la participación del ex dictador el general Gregorio Alvarez.

En el escrito presentado por el abogado López Goldaracena, se señalan lugares concretos de presuntos enterramientos para estas alrededor de 40 personas trasladadas desde la Argentina, solicitándose medidas cautelares y excavaciones en La Tablada, unidades militares y lugares específicos donde existen testimonios de dónde se podrían encontrar restos.

Hasta aquí la última y abrumante información que nos aprisiona el corazón. ¿Cómo es posible que militares uruguayos, muchos de los cuales todavía viven en este país, transitan por las calles de nuestras ciudades, habitan los barrios en que, quizás, un día sí y otro también se cruzan con un familiar de una de esas víctimas, no hayan tenido que pagar sus culpas con la aplicación de los extremos y derechos que establece el régimen de Justicia que hace posible la democracia? ¿Cómo es factible una falla de tal naturaleza en una sociedad que se dice democrática?

¿No parece un contrasentido que se aspire a que este mismo año, cuando los velos se siguen descorriendo y la verdad que aparece es cada vez más brutalmente monstruosa, que todos nos abracemos en un haz, hermanados, para construir un futuro venturoso?

Es lamentable, pero todavía hay mucho camino para recorrer para llegar a ese punto de encuentro. Es necesario que explícitamente los militares reconozcan la barbarie que significó el esquema de terrorismo de Estado aplicado que, como demostración máxima de impudicia, llevó a la jefatura del Estado despótico a su máximo exponente, el general Alvarez, quien ahora, a los 80 años, parece haberse olvidado de aquel aparato criminal que él pintoneó, alentó y encubrió, que era uno de los apéndices estructurales de una doctrina, la de Seguridad Nacional, por la cual las Fuerzas Armadas uruguayas participaban, junto a sus colegas de la región, en acciones propias de la guerra fría, sosteniendo en lo ideológico una defensa de un occidente cristiano, para lo cual hicieron lo que hicieron.

En este estado de cosas ya no bastan las sonrisas, los saludos a las banderas y las declaraciones de fe democrática, tampoco las confesiones a medias como las de algún comandante en jefe, que decenios después de haber participado en acciones represivas (fue copiloto en uno de los fatídicos vuelos), haya planteado su circunspecto arrepentimiento, en una acción claramente «gatopardista», destinada a perfilarse como un hombre nuevo para un país nuevo.

Es necesario dejar atrás la hipocresía y también el odio, porque ese sentimiento no tiene sentido. Eso sí, lo que se debe es exigir, como hasta hoy, es que resplandezca la verdad y, por supuesto, que se haga justicia. Por ello el 20, durante la marcha que organizarán los grupos de familiares, se entonará una justa consigna que engloba justamente el deseo del conjunto de la sociedad uruguaya: «¿Dónde están? Nunca más, la verdad sigue secuestrada, nunca más el terrorismo de Estado». *