La venia que no fue

Antes de sufrir un estrepitoso fracaso parlamentario, el doctor Jorge Batlle ha evitado que su primera derrota política significativa adquiriera carácter oficial.

La tan cuestionada venia –solicitada por el Ejecutivo al Senado para el nombramiento del coronel Angel Neira como conjuez militar ante la Suprema Corte de Justicia– no iba a contar con los votos suficientes para su otorgamiento al volcarse en contra varios socios de la coalición, que, sumados a la oposición del EP-FA y del NE, impedirían que se consumara la afrenta.

Lo dijimos desde estas páginas en más de una ocasión. El mero hecho de proponer para un ascenso (o para ocupar un cargo nada menos que en la Suprema Corte de Justicia) a un militar sindicado como responsable de severas lesiones a los derechos humanos tiene un fuerte componente de burla, de paradoja, de simbolismo inaceptable que entra en flagrante contradicción con los propósitos pacificadores que exhibió el actual Presidente aun antes de asumir.

Si esta marcha atrás (el coronel Neira habría pedido al Presidente que retirara el pedido de venia) puede considerarse la primera derrota política del gobierno actual, hay que determinar a quién corresponde la victoria.

No es a los blancos, socios en la coalición rosada, a quienes hay que atribuir este triunfo de la justicia, la dignidad y la razón, por más que el anuncio anticipado de que sus senadores no darían sus votos fue decisivo en la retirada. Sin duda, el resultado es producto de una postura firme de los legisladores progresistas y nuevoespacistas, que no desfallecieron en su tenaz oposición. Pero hay que reconocer que en definitiva fue la gesión desplegada por Sanjuan, una de las víctimas sobrevivientes de la infamia de la que Neira es uno de los responsables, lo que en definitiva torció el curso parlamentario de la venia en cuestión. No vamos a abundar en detalles de una peripecia ya suficientemente recordada. Pero conviene resaltar que fue merced a la valiente y decidida denuncia de Sanjuan, a su polémica epistolar con el senador Singer –en la que demolió los pueriles argumentos manejados por éste a favor de otorgar la venia para el nombramiento de Neira– que la sociedad –y sobre todo algunos sectores normalmente ajenos al tema de los derechos humanos e indiferentes a la herida dejada por el terrorismo de Estado– tomó conciencia y pudo confirmar de alguna manera que existieron casos concretos de violaciones repugnantes a los derechos humanos. Y se confirma otro extremo: que la represión desatada durante los años de plomo del régimen cívico-militar no discriminó a sus víctimas según sus preferencias políticas, por más que –huelga remarcarlo– hubo una especial saña contra los militantes sindicales en general y de izquierda en particular.

Si algo positivo podemos extraer de este felizmente abortado pedido de venia, es que propició una nueva oportunidad de tratar un tema que la mayoría de los políticos tradicionales quiso que fuera tabú. Al haber propuesto para ocupar un alto cargo a un militar responsable de torturas, el gobierno –sin duda muy a su pesar– fomentó que el espinoso tema del terrorismo de estado volviera al tapete.

El pedido de venia para el nombramiento del coronel Neira se convirtió en un bumerán. Ha servido para algo que venimos reclamando desde la salida de la dictadura: que se sepa la verdad, que no se soslaye el doloroso tema de las violaciones a los derechos humanos. A pesar de la obstinada preocupación de Sanguinetti y Lacalle por empujar el pasado reciente al margen de la conciencia colectiva, la memoria se abre paso por entre los resquicios menos esperados. Enhorabuena.